Chile: ¿Tienes derecho a usar las obras que financia FONDART?

Hace algunos días atrás, el Consejo de Cultura abrió la convocatoria para postular a los fondos concursables 2015, una de las más importantes fuentes de financiamiento de proyectos culturales y artísticos en Chile. Desde su creación en 1992, FONDART ha sido central en las políticas culturales del país. A este fondo – instaurado con el objetivo de financiar la creación artística – luego se sumaron otros, con el fin de apoyar el trabajo en otras áreas específicas: el Fondo de la música, el Fondo del libro y la lectura, el Fondo audiovisual y el Fondo de fomento al arte en la educación.

En 2013, estos cinco fondos otorgaron aproximadamente 17 mil millones de pesos para financiar cerca de 1700 proyectos diferentes, que abarcan desde la escultura hasta proyectos de investigación. Cifras que se han incrementado progresivamente desde la instauración de estos concursos públicos, a principios de la década del 90.

Tanto por los montos que se asignan, como por la cantidad de postulantes y el pequeño número de ganadores (cerca del 12% de los proyectos presentados el año 2013) los fondos de cultura han sido blanco de numerosas críticas, algunas justas y otras no tanto. Lo cierto es que nadie puede desconocer la importancia que hoy tiene este aporte estatal al fomento de la cultura en el país.

Y es precisamente por eso que es necesario hacer una pregunta vital: ¿Qué usos puede hacer la ciudadanía de los proyectos que estos fondos financian? ¿Se puede acceder libremente a ese trabajo? ¿Puedo crear una nueva obra a partir de él?
Puesto que el Consejo no tiene ninguna política al respecto, la respuesta a todas las anteriores es NO: dado que la Ley de derecho de autor restringe por defecto los posibles usos de cualquier obra, la omisión del Consejo de la Cultura en esta materia perpetúa la imposibilidad de que la ciudadanía acceda, disfrute y pueda crear a partir de las obras financiadas por los fondos concursables, a menos que se trate de pequeñas excepciones o se pague. Y esto no puede ser justo ni bueno por las siguientes razones:

Primero, porque estas obras fueron creadas con fondos públicos, que pertenecen a todos los ciudadanos y son producto del esfuerzo colectivo. Cobrar por su uso implica pagarlo dos veces, y es inadecuado que las políticas de los fondos concursables no consideren este hecho.

Segundo, porque en tanto política cultural es incompleta: al centrarse en la producción de obras, ignora un objetivo básico de cualquier obra cultural, que es establecer un diálogo entre el autor, la obra y el espectador: ¿De qué me sirve financiar una obra maestra si nadie la puede experimentar ni usar?

Tercero, porque incluso considerando que los fondos estén destinados solo a la creación, la inexistencia de una política de uso de estas obras pasa por alto un hecho importante: todos los autores crean en base a las ideas que les antecedieron. Contar con un patrimonio cultural mayor sobre el cual trabajar implica más y mejores obras; es un incentivo a la creación.

UN PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Una solución posible es la utilización de licencias de uso menos restrictivas que el “todos los derechos reservados” del derecho de autor. Creative Commons es hoy un estándar de licenciamiento no-restrictivo, que junto con entregar control a los autores, permite usos que la ley de derechos de autor no entrega al público por omisión
Evidentemente, dado el variopinto abanico de proyectos que financian los fondos de cultura, es difícil pensar en un estándar de apertura que se aplique igual para todos los casos – ¿cómo se resuelve el problema en una instalación de arte sonoro, por ejemplo?- . Pero ello no tiene que convertirse en un problema: puesto que la asignación de fondos está sujeta a la puntuación de los proyectos, bastaría con bonificar a aquellos que contemplen el uso de licencias libres o la entrega de la obra al dominio público

Mientras el debate respecto a las responsabilidades y deberes del Estado y sus recursos se intensifica en áreas como educación, salud y previsión, la cultura no puede quedar fuera de la discusión. Generar una normativa abierta de uso y acceso a las obras culturales financiadas por el Estado es fundamental en la creación de una política cultural sólida.

Recientemente la titular de Cultura, Claudia Barattini, reconoció que los fondos concursables deben reformularse. Esperemos que ese rediseño contemple los estándares de apertura que requiere el derecho humano a tomar parte en la vida cultural del país.

por Vladimir Garay

Vladimir Garay es periodista de la Universidad de Chile. Fue pasante de nuestra organización durante el año 2012, colaborando en las campañas e iniciativas comunicaciones. Hoy es parte del equipo de comunicaciones y campañas de ONG Derechos Digitales.

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