Direcon aclara cláusula del TPP sobre propiedad intelectual ante filtraciones – Pulso

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Durante el fin de semana, la página web dedicada a la filtración de datos, Wikileaks, dio a conocer una parte del hasta ahora hermético acuerdo final del TPP o acuerdo Transpacífico.

Específicamente, se filtró el capítulo relacionado con propiedad intelectual, lo que  lejos de calmar las dudas de sus detractores, encendió más alarmas respecto de lo restrictivo que sería el acuerdo para sus restantes 11 miembros versus Estados Unidos y las grandes compañías.

A raíz de esto, el Director de la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales (Direcon), Andrés Rebolledo, aseguró ayer en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados  – donde fue invitado por el tema- que Chile no deberá modificar su legislación respecto a la propiedad intelectual. Sostuvo que “en el tema de medicamentos y propiedad intelectual en general, nosotros debiéramos mantener lo que tenemos ya acordado en nuestro Tratado de Libre Comercio con EEUU y, en términos generales, ese principio lo cumplimos. Los resguardos quedaron establecidos en el acuerdo”.

Este tema de propiedad intelectual también fue abordado durante la mañana en una reunión del cuarto adjunto de la Direcon, donde Rebolledo se reunió con diversas organizaciones, entre las cuales estaba la ONG Derechos Digitales.

Esta ONG fue la encargada de realizar un informe a raíz de lo filtrado, que está disponible en la web de Wikileaks.

En conversación con PULSO, Pablo Viollier, analista de políticas públicas de esta entidad, indicó que si bien la reunión se centró en el capítulo de medicamentos, alcanzaron a aclarar dos temas de los filtrados por el sitio web.

El primero tiene relación con  la responsabilidad de intermediarios o proveedores de internet en los contenidos que se publiquen. “Sobre todo abordamos el modelo estadounidense DMCA, que establece responsabilidad del proveedor en caso de no remover el contenido ante un aviso privado (de la autoridad) por alguna supuesta infracción”, según explica la ONG. Para salvarse de esta infracción, el proveedor debería retirar el contenido.

Sin embargo, existe un anexo en el TPP que permitiría acogerse al actual sistema que mantiene Chile con EEUU en el TLC, que es el retiro del contenido, previa orden judicial, como única vía posible.

Pero según manifestó  Viollier, EE UU mediante el Informe Especial 301, ha demostrado en reiteradas ocasiones su insatisfacción con el sistema chileno. Al respecto afirmó que “el documento dice que se debe implementar un sistema similar al que mantiene Chile con EEUU en el TLC, pero no dice que Chile esté cumpliendo con el sistema, y los estadounidenses año a año acusan a nuestro país de incumplir con las obligaciones en esta materia”. Por lo tanto, para la ONG tácitamente existirían cambios.

El siguiente punto abordado fue la cantidad de años de protección a los derechos de autor que el TPP fijó en 70, cifra que no representa un cambio para Chile.

Para Derechos Digitales, otro de los temas sensibles serían las señales satelitales, pues el tratado sancionaría civil o penalmente al consumidor de señales satelitales que fueron decodificadas de manera ilegal, lo que se aplicaría a casos de decodificadores “pirata”. Para Viollier, el problema de esto es no sancionar a quien comete el negocio ilícito, sino que al consumidor final.

Otro de los asuntos que preocupan a la ONG son las regulaciones del acuerdo  sobre las medidas tecnológicas de protección: “El TPP establece una sanción criminal para quienes eluden medidas tecnológicas de protección, aún cuando el fin que se busca al eludir estas medidas sea legitimo”, aseguró Viollier.

Este aumento de sanciones penales, según la ONG, provocaría una sobrecarga en el sistema judicial chileno, y también a los otros 11 países del acuerdo.

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