El senado chileno aprueba la privatización de la obtención de especies vegetales

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[Fotonoticia]

Valparaíso.- Monsanto, la polémica empresa de biotecnología de EEUU, convertirá el campo chileno en su séptimo productor de vegetales transgénicos.

Roberto Espinoza es un vendedor de hortalizas en el colorido mercado de Valparaíso. Desde hace 30 años comercia con paltas (aguacates) y tomates de la Quinta Región.

A la pregunta de: “¿Qué opina de que la propiedad de las semillas chilenas se vendan a multinacionales extrajeras?”. “Yo no sé de esas cosas, no soy productor. Pregúntele a los del camión de allá“, manifiesta Roberto.

Los del camión de allá tampoco son productores. Ni los de acá. Comercian con sus frutos en la calle y no pagan impuestos, por lo que no quieren ni oír hablar de la propiedad intelectual de las semillas que plantan. Mientras, Roberto vende el kilogramo de paltas a 1.200 pesos chilenos (algo más de dos dólares).

Los tomates ‘limachinos’ están a 500 pesos los dos kilos (un dólar). No sabe que estos productos del campo chileno podrían incrementar exponencialmente sus costes tras la firma del Convenio UPOV 91, e incluso que las especies cultivadas en la actualidad podrían desaparecer.

Convenio UPOV 91

Hace poco más de una semana el senado de Chile aprobó, con 13 votos a favor, cinco en contra y seis abstenciones, el Convenio UPOV 91, el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Su objetivo es velar por la protección del derecho de propiedad intelectual en la obtención de especies vegetales. No saltó a la agenda informativa porque las manifestaciones en contra de Hidroaysén coparon los noticiarios.

La aprobación del UPOV 91 impedirá a los campesinos chilenos guardar sus semillas y aumentará el tiempo de vigencia de los derechos y de las garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas, por lo que se ha desatado la polémica en el país andino

El Convenio UPOV fue cambiado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. Chile había firmado el UPOV 78, y ahora, varias semanas después de la visita de Barack Obama, en la que el presidente de Estados Unidos habló sobre el respeto de la propiedad intelectual, los políticos chilenos han aprobado esta iniciativa de privatización de las semillas.

Los defensores del proyecto aluden a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y manifiestan que Chile estaba obligado a firmar el convenio si quiere seguir en lo alto de la producción agrícola mundial. Sin embargo, algunos políticos chilenos no están de acuerdo con la aceptación de la medida.

El presidente del Senado, Guido Girardi, perteneciente al Partido Por la Democracia (PPD), ha manifestado que la Comisión de Medio Ambiente debe analizar el convenio porque “tiene que ver con la obtención de semillas, los transgénicos y eso significa que hay muchos pequeños agricultores y comunidades indígenas cuyas especies van a ser patentadas”.

Los indígenas pagarán por cultivar

Alicia Muñoz, dirigente de Anamuri, la Asociación Nacional de Mujeres e Indígenas dijo al periódico chileno ‘El Ciudadano’ que: “El Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.

La presidenta de Anmuri añadió además que: “El agricultor deberá comprar todos los años su semilla si no quiere ver confiscada su cosecha, sus cultivos y plantaciones. El convenio no garantiza que las variedades sean mejores o estén accesibles en Chile”.

Alicia Muñoz está preocupada con el futuro de la agricultura chilena: “Para registrar una planta sólo se pide que no esté inscrita antes y que la variedad sea homogénea y estable. Mientras más homogéneas son las plantas, menos capacidad tendrán para resistir fenómenos como la sequía o el cambio climático, al contrario de lo que ocurre cuando hay biodiversidad”.

Los grupos ecologistas chilenos critican a la empresa estadounidense Monsanto, que controla más del 90 por ciento del mercado de la semilla transgénica mundial y que tiene una gran penetración en la agricultura chilena. La producción local de Monsanto corresponde a un 70 por ciento del maíz andino, el 28 por ciento de la soja y el dos por ciento de canola, siendo el país más alargado del mundo el séptimo en beneficios para la firma.

Hace unos años se produjo una fuerte polémica por los cultivos biotecnológicos que la empresa estadounidense instaló en Canadá, y que según Monsanto ayudarán a paliar los retos del cambio climático. También hubo críticas en Europa por una serie de productos que la compañía vendía como ‘biodegradables’ y no lo eran. Monsanto nació en 1901, aunque no saltó a la fama hasta mediados de los 60, cuando produjo un herbicida llamado ‘agente naranja’ que destruía a los vegetales enemigos en la guerra de Vietnam.

Fuente: El Mundo

Autor: Jorge Barreno

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