¿Es la gobernanza de Internet una farsa?

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¿Es la gobernanza de Internet una farsa? Y su modelo multisectorial, donde participan múltiples partes interesadas, ¿es algo más que solo una ilusión? En el contexto de la vigilancia en Internet y violaciones de nuestro derecho a privacidad por organismos de inteligencia como los de Estados Unidos, no son pocos los que se hacen estas preguntas, resumidas hace algunos días en la columna del activista Jérémie Zimmermann. La poca relevancia de la gobernanza de Internet y su modelo multisectorial para detener o controlar las prácticas masivas que violan nuestros derechos humanos, hacen pensar a algunos que el modelo está, a lo menos, obsoleto.

Pero más allá de posiciones particulares, una cosa parece cierta: las revelaciones de Edward Snowden han dejado en evidencia que la administración global de Internet es un elefante grande y pesado, con poca reacción ante atentados que apuntan directamente contra la libertad en Internet.

Lo de la NSA no es una excepción a la regla: muchas veces pareciera que las grandes discusiones sobre derechos en Internet están jugándose en otro campo, lejos de los Internet Governance Forum (IGF): los derechos de autor en tratados económicos como el TPP o la neutralidad de la red como meros acuerdos entre privados, son solo algunos ejemplos de cómo instancias fuera de estos procesos terminan llevando a resoluciones mucho más vinculantes y efectivas que afectan y amenazan globalmente la red.

Para Zimmermann y muchos otros, el modelo multisectorial de la gobernanza de Internet (más conocido como multistakeholder) ha posibilitado el estancamiento en infructuosas conversaciones y, por ende, no ha sido una herramienta concreta de defensa de Internet y derechos de los usuarios.

El modelo multisectorial tiene su lado bueno: ha sido un esfuerzo consistente en los últimos años, donde las múltiples partes interesadas en la gobernanza de Internet pueden participar.  Allí se encuentran no solo gobiernos, sino también la sociedad civil, las empresas y el mundo docente. Aquello ha significado que participen en la discusión actores que antes simplemente estaban  excluidos, enriqueciendo el diálogo entre partes que no tienen otra instancia para conocerse.

Pero no hay que ser inocentes. El modelo multisectorial no implica un proceso completamente democrático,  solo porque todos los actores se sienten en la misma mesa. Las relaciones de poder entre cada uno de esos actores distan de ser iguales. Sería iluso pensar que Gobierno chileno pesa lo mismo que el Ruso, o Comcast lo mismo que alguna empresa local proveedora de Internet.

No obstante, culpar solo al modelo multisectorial de la poca efectividad de la gobernanza en Internet puede ser exagerado. Es necesario avanzar a un modelo descentralizado, participativo y efectivo, donde los actores honren los consensos y compromisos adoptados, pero debe reforzarse un marco de acción que hoy parece ser prácticamente invisible: el interés público.

Internet es un bien común. Por eso es que instancias globales de administración de la red se han erigido: no pertenece a ningún gobierno, a ningún país, a ninguna empresa. Es una plataforma que nos pertenece a todos los ciudadanos del mundo. En ese contexto,  cualquiera que sea el modelo que tome la gobernanza de Internet, el interés público debiera ser el norte de cualquier actor, independiente de su agenda y de su poder.

Hoy, el interés público ha perdido protagonismo entre otros intereses y dobles discursos que se camuflan en la participación del modelo multisectorial. Antes de volver a revisar de nuevo el modelo de administración, se debe reafirmar un marco general: una agenda de gobernanza de Internet decidida a avanzar desde el interés público, para fortalecer este bien público llamado Internet. Y es necesario que esto ocurra en todos los frentes, ya sea un acuerdo de libre comercio, un contrato entre privados, o la presentación de un nuevo proyecto de ley. De otra forma, independiente del modelo, la administración global de la red corre el riesgo de ser un espacio irrelevante para la defensa de nuestros derechos.

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