Gobierno chileno a punto de someter a sus ciudadanos a la vigilancia estadounidense

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En la última década, el gobierno de Estados Unidos ha usado el Programa Visa Waiver (PVW) para ejercer presión sobre otros gobiernos para la entrega de datos de sus ciudadanos. De hecho, un país debe cumplir con ciertos requerimientos formales para poder ser elegible y participar en el PVW, en gran parte centrados en cómo los datos son compartidos entre los dos países. Esto es problemático debido a la bajísima protección legal que Estados Unidos entrega a estos datos. La regulación de privacidad de ese país es una de las más débiles en el mundo, particularmente porque la inmigración y la seguridad nacional son usadas como excepciones para contrarrestar incluso derechos fundamentales básicos. Lo que es aún más problemático es que la normativa de EE.UU. solamente protege a ciudadanos estadounidenses. Cualquier información enviada por el gobierno chileno no estaría protegida por el sistema norteamericano, que ya es débil. Cuando EE.UU. recibe datos sobre extranjeros, conserva habitualmente esta información en sus extensas bases de datos por 100 años.

Unirse al PVW significará que EE.UU. ahora tenga acceso a una gran cantidad de información personal de los chilenos. Esto plantea interrogantes en torno a cuál será la autoridad chilena responsable de decidir y gestionar la información compartida con EE.UU., la posibilidad de que el gobierno norteamericano comparta los datos con terceros, así como la eventual negativa arbitraria para ingresar a EE.UU. a causa de datos potencialmente erróneos en bases de datos chilenas. Un ciudadano chileno que es maltratado debido a estos datos erróneos no tendrá derecho a la reparación en virtud de la normativa de EE.UU., y sus datos continuarán residiendo en ese país sin ninguna capacidad real de apelación.

El PVW también exige a los países miembros adoptar un “pasaporte electrónico”. Su introducción en Chile probablemente implica el establecimiento por parte del gobierno chileno de una base de datos biométricos, incluyendo huellas dactilares de una persona, nombres, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad y número de pasaporte. Incluso datos más sensibles podrían ser incluidos. La falta de una mejor ley de datos personales en Chile significa que los ciudadanos no tienen protecciones legales reales para asegurar que los datos sean exactos, que no sean utilizados para otros propósitos, y que no sean compartidos con otros departamentos o gobiernos.

Pero hay medidas concretas que el gobierno chileno puede tomar para proteger los derechos de privacidad de sus ciudadanos. Primero, debe limitar el intercambio de información con las autoridades de EE.UU. Segundo, crear una mejor ley de protección de datos personales, requiriendo que todos los datos compartidos con EE.UU. sean exactos y comprometiéndose a proporcionar a los chilenos los derechos necesarios para garantizar que su privacidad sea protegida. Tercero, la creación de un encargado nacional de privacidad permitiría a los chilenos solicitar ayuda cuando surjan problemas, por ejemplo, de datos errados que lleven a los chilenos a ser detenidos intentando ingresar a EE.UU. Cuarto, debe pedir garantías fuertes a EE.UU. sobre cómo los datos de sus ciudadanos serán tratados y protegidos. Por último, Chile necesita revisar todos los datos personales que se encuentran hoy en poder del gobierno, para asegurar que sus prácticas de información cumplan con estándares internacionales de protección contra abusos, errores y otros riesgos relacionados con la privacidad.

Mientras que a Chile se le está ofreciendo unirse a un club de élite de países cuyos ciudadanos pueden viajar a Estados Unidos sin visa, el gobierno chileno ha fallado en buscar una adecuada protección a sus ciudadanos. Estas cuestiones justifican y apoyan la necesidad de implementar estándares de protección de datos estrictos para garantizar que el gobierno cumple con sus obligaciones jurídicas internacionales de protección a la privacidad de sus ciudadanos. Con la adopción de mejores prácticas internacionales en materia de protección de información personal, los chilenos podrían estar mejor protegidos.

Privacy International fue fundada en 1990, está basada en Inglaterra y fue la primera organización de hacer campaña a nivel internacional sobre asuntos de privacidad.

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