Principios

Introducción

El Partido Pirata tiene como objetivo general promover una sociedad global basada en una cultura inclusiva, solidaria, diversa, libre y centrada en las personas.

Las Ideas Fuerza del Partido Pirata son:

• La colaboración y solidaridad constituyen los fundamentos del desarrollo social.
• Los derechos fundamentales de los ciudadanos deben ser protegidos de abusos legales, económicos y militares.
• La cultura global debe ser liberada, para el beneficio de toda la sociedad; en ello ponemos nuestra voluntad.
• Las leyes que rigen los Derechos de Autor, deben recuperar el sentido para el cuál fueron creados, devolviendo el equilibrio entre el incentivo a la creación cultural y el derecho de acceso al saber.
• Las legislaciones que otorgan patentes y monopolios privados sobre productos y procesos industriales deben ser revisadas, de modo que los beneficios tecnológicos y científicos lleguen de manera oportuna a la población mundial.

Consideramos que las actuales leyes de derecho de autor y propiedad intelectual introducen monopolios perjudiciales e innecesarios, llevan a la perdida de valores democráticos fundamentales, entorpecen la creación cultural y de conocimiento; estorbando la transmisión del saber hacia la ciudadanía.

En el actual escenario tecnológico-social, trabajamos para garantizar, especialmente, las libertades de acceso a la información, cultura y conocimiento, asegurando el respeto de la privacidad individual.

El Partido Pirta funda su actuación política en la interacción con los colectivos locales y organizaciones de base que trabajan en el desarrollo cultural social, promoviendo un entendimiento horizontal entre l@s ciudadan@s y una democracia participativa; propiciando cambios legislativos a nivel nacional y supra-nacional.

Contexto Social

Dados los profundos y acelerados cambios tecnológicos que hemos vivido en las últimas décadas, y al igual que en otros momentos históricos de la humanidad, nuestra sociedad ha venido cambiando sus paradigmas y reordenando sus estructuras de convivencia social, política y económica.

A medida que el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI) se incrementa y se masifica su uso cotidiano, se ha facilitado el intercambio cultural y el acceso al conocimiento, favoreciendo a la población (al menos en términos potenciales) con nuevas alternativas para el trabajo colectivo y la creación de nuevos vínculos sociales. Sin embargo, de la misma forma en que los avances tecnológicos entregan oportunidades, el uso de herramientas informáticas aumenta la capacidad de los Estados y corporaciones económicas de vigilar y controlar a la población y/o clientes, generando un ambiente más propio de una dictadura o de las sociedades totalitarias descritas en las obras de ciencia-ficción, que de un sociedad democrática madura.

Creemos que las tecnologías deben ser utilizadas para maximizar los beneficios sociales y, para la construcción de una plataforma de encuentro colectivo que integre a los diferentes sectores de la sociedad.

En el mismo sentido anterior, entendemos que la construcción de una sociedad democrática supone un compromiso personal con las obligaciones sociales y una fuerte protección colectiva de los derechos y libertades ciudadanas. Es nuestro sentir que los ciudadanos tenemos derecho a demandar que el país sea gobernado por principios democráticos.

Creemos que es fundamental para el bienestar personal y el desarrollo de una sana convivencia social que nuestras leyes y, en especial la Constitución, sean el reflejo de los anhelos colectivos y la visión del país que queremos. La Constitución actual ha sufrido modificaciones menores, pero sigue consagrando los elementos que hacen de Chile una sociedad dividida y excluyente. El partido pirata se suma a las fuerzas políticas y sociales que desean un cambio constitucional, que provenga desde las bases de la ciudadanía chilena.

En relación a la toma de decisiones y la administración gubernamental, pensamos que debe caracterizarse por la transparencia y la apertura. Los representantes deben actuar para consagrar en el país el principio del acceso publico a los documentos.

Es fundamental para que la ciudadanía tenga acceso libre a la documentación generada por el Estado, que la administración pública adscriba a estándares y formatos electrónicos abiertos. Un principio básico para que la ciudadanía tenga comunicación con las autoridades, es que pueda hacerlo sin estar atado a un cierto proveedor o software privado.

Promovemos el principio de neutralidad en la red, considerando lo siguiente:

• Que no se impongan softwares privativos a los ciudadanos como requisito para acceder a las páginas del Estado.
• Que el Estado no establezca dependencias tecnológicas con sus proveedores de Tecnologías de Información.

Planteamos, además, que la neutralidad en la red es insuficiente en sí misma, si no se garantiza el acceso universal. Proponemos que internet sea un servicio básico, libre, publico y democrático de uso universal. Por tal razón deseamos eliminar todo tipo de impuesto sobre internet.

Derecho a la Privacidad

El derecho de cada individuo a la privacidad es fundamental, y de él se desprenden numerosos derechos humanos básicos como los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a obtener información, así como el derecho de acceder a la cultura y el desarrollo personal. Por tal razón debe estar consagrado en la Constitución.

Se debe garantizar a tod@ ciudadan@ el derecho al anonimato, que es inherente a nuestra constitución. Por tal razón debe fortalecerse el derecho a controlar todo uso de datos personales.

Todos los intentos del Estado de reducir los derechos de privacidad y anonimato, deben ser cuestionados y enfrentados con fuerte oposición.

Todos los sistemas y métodos, públicos o privados, que puedan ser usados para discriminar o poner bajo sospecha infundada a los ciudadanos, deben estar bajo evaluación constante y escrutinio por los representantes electos.

Cosideramos inaceptable la vigilancia que el Gobierno ejerza sobre ciudadanos normales, que no son sospechosos de ningún crimen, y la asumimos como una violación clara del derecho de los ciudadanos a la privacidad.

El respeto por los ciudadanos y su privacidad significa, que principios como: la prohibición de la tortura, integridad de la aplicación de la ley, el debido proceso judicial, la inmunidad del mensajero y el secreto postal, NO son negociables.

El acta de secretos postales debe ser elevada a un acta general de comunicaciones. De la misma forma que esta prohibido leer el correo de otro, debe estar prohibido leer o acceder al email, SMS u otras formas de mensajes, sea cual sea la tecnología subyacente, o el operador que proporciona la conectividad. Cualquier excepción a esta norma debe estar bien motivada en todos y cada uno de los casos, en el marco de una investigación judicial (autorizada por un juez). En este contexto, los empleadores deberían tener acceso a los mensajes de sus empleados sólo si es absolutamente necesario para asegurar la funcionalidad técnica, o si está en conexión directa con las tareas relacionadas con el trabajo del empleado.

Siguienso la misma línea, el Gobierno estaría autorizado a intervenir los medios de comunicación de los ciudadanos, o poner bajo vigilancia a un ciudadano, exclusivamente si existe una firme sospecha de que un crimen este siendo realizado por tal ciudadano, y bajo orden judicial. En todos los demás casos, el Gobierno debería asumir que sus ciudadanos son inocentes y dejarlos tranquilos.

El Partido Pirata está en contra de la legislación especial para los crímenes terroristas. Las leyes y sanciones existentes para crímenes que dañan o amenazan a los ciudadanos o a sus propiedades, son suficientes. Las leyes anti-terroristas facultan una merma del debido proceso judicial, existiendo el riesgo que sean usadas como herramienta represiva en contra de inmigrantes y disidentes.

El Partido Pirata se compromete con la defensa de los derechos de los ciudadanos, el derecho a la privacidad y los derechos humanos. Entendiendo que, cuando un Gobierno pone rutinariamente bajo vigilancia a la población, se llega invariablemente al abuso del poder, a la falta de libertad y a la injusticia.

A esta acta de secretos de comunicación se le debe de dotar de una sólida protección legal, ya que el gobierno ha mostrado repetidamente que no se le puede confiar información sensible. Queremos revocar la Directiva de Retención de Datos y fortalecer el derecho de los ciudadanos a la privacidad. (Creo que esta sentencia está de más y hay que sacarla).

Acceso a la Cultura

Destacando dos acepciones del término cultura, contenidas en el diccionario de la RAE:

• Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.
• Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.

Entendemos que para lograr el máximo desarrollo personal y colectivo, se debe garantizar de manera especial el acceso a la cultura. De modo que la sociedad se beneficie del conocimiento científico-técnico, artístico y sociológico, permitiendo a l@s ciudadan@s desarrollarse críticamente y en libertad de conciencia.

En este contexto, comprendemos que las leyes de Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Derechos de Copia (copyright) fueron creadas para beneficiar a la sociedad, fomentando actos de creación, desarrollo y difusión de expresiones culturales; propiciando los incentivos mínimos para estimular la creación y el desarrollo del conocimiento. En ningún momento se plantearon como un medio de control a l@s ciudadan@s, sino que sirvieron para regular el comercio; y en algunas ocaciones menos afortunadas, para censurar la difusión de ideas contrarias a las sustentadas por las autoridades.

Es casi un "lugar común" en las discusiones sobre desarrollo cultural, que es necesario un equilibrio entre satisfacer las demandas colectivas de disponibilidad y acceso a los bienes culturales por una parte, y el justo reconocimiento moral y económico a los creadores, por otra.

El Partido Pirata, al igual que múltiples organizaciones sociales, da cuenta de que las legislaciones vigentes sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor ( sistema de copyright), han abandonado el punto de equilibrio entre insentivo a la creación y el derecho al acceso. En reiteradas ocasiones, nuestra legislación ha ido aumentando los años de monopolio económico en favor de quienes detentan los derechos de copia y distribución; que comúnmente no son los creadores, sino corporaciones privadas de mercaderes de la cultura. Impidiendo que las obras que constituyen el acervo de nuestros pueblos pase al Dominio Público.

En el marco de los grandes cambios culturales que se han venido desarrollando, a medida que la conectividad a internet y las herramientas tecnológicas se masifican, llegando a un número mayor de personas, las formas de creación y distribución cultural han encontrado nuevas plataformas, que permiten a la sociedad explorar alternativas que no requieren de intermediarios-mercaderes, permitiendo formas directa de retribución económica a los creadores; a la vez que surgen comunidades que crean colectiva y colaborativamente su aportes a la sociedad. En este escenario, los abusos generales y sistemáticos del sistema de "copyright" actual son activamente contraproducentes, limitando tanto la creación de, y el acceso a, nuestra cultura.

Los privados y corporaciones que defienden el actual marco regulador, sin darse cuenta en algunos casos y como actores influyentes sobre los legisladores en otros, se han constituido en barreras que estorban el desarrollo cultural y económico de la sociedad; limitando el proceso creativo y de innovación. Las medidas que promueven y defienden estos sectores, llevan directamente al aumento de los costes de producción artístico-cultural y de los precios cobrados a los ciudadanos.

Sostenemos que es posible, gracias al actual estado de desarrollo tecnológico, maximizar los beneficios sociales, liberando y asegurando el acceso a las distintas expresiones culturales y del conocimiento para el conjunto de la sociedad, en términos igualitarios; sin restricciones y discriminaciones arbitrarias. En este sentido, pomovemos la distribución de los bienes culturales bajo licencias abiertas, que mantienen sólo algunos derechos reservados, como las licencias Creative Commons (CC).

Hoy, millones de composiciones musicales, películas y libros son mantenidos secuestrados en las bóvedas de enormes corporaciones mediáticas, no queriendo que sean re-publicadas por sus grupos centrales, ya que son consideradas, potencialmente, demasiado provechosos como para liberarlos. Nosotros queremos liberar nuestra herencia cultural y hacerla accesible a todos, antes de que el tiempo marchite al celuloide de los carretes de las películas antiguaso se pierdan las matrices musicales y literarias.

Las leyes que pretenden legislar sobre bienes con valores inmateriales no consideran que las ideas, el conocimiento y la información son por naturaleza no exclusivos, y poseen como valor común su capacidad inherente para ser compartidas y difundidas. Nosotros declaramos que el copyright debe ser devuelto a sus orígenes. Las leyes se deben modificar para regular solo el uso comercial de trabajos protegidos. Compartir copias, difundir, usar trabajos sin ánimo de lucro, o producir obras derivadas no debe ser nunca ilegal puesto que tal uso justo beneficia a toda la sociedad.

Las tecnologías que limitan el derecho legal de los consumidores a copiar y usar información o cultura, el llamado DRM (Gestión Digital de Derechos), debería ser prohibido. En los casos en que esto lleve a desventajas obvias para el consumidor, todo producto conteniendo DRM debe mostrar advertencias claras para informar a los consumidores de este hecho. Los acuerdos contractuales implementados para prevenir tales distribuciones legales de información deberán ser declaradas nulas e invalidas. La distribución no comercial de cultura, información o conocimiento ya publicados -con la clara excepción de los datos personales- no debe ser limitada o castigada.

De igual manera, nos oponemos completamente a cualquier tipo de impuesto o canon a los medios vírgenes, sean estos cassettes, discos compactos, dvd's, reproductores de música personales, memorias portátiles o cualquier otro soporte.

Queremos crear un copyright justo y equilibrado. Toda reunión, uso, procesado y distribución no comercial de cultura debería ser explicitamente fomentado.

Acceso al Conocimiento

De forma similar a las leyes de Derecho de Autor, las patentes industriales son monopolios de ideas otorgados oficialmente. Originalmente creados para estimular el desarrollo técnico-industrial de los privados, hoy día constituyen uno de los mayores frenos para el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como de las naciones menos desarrolladas.

Es común ver, en el actual escenario, enormes corporaciones peleando unas con otras por adquirir más y más patentes que les permitan tomar posiciones privilegiadas en el mercado, restringiendo legalmente las capacidades de sus competidores más pequeños.

Cuando una empresa adquiere una posición monopólica, adquiere la posibilidad de controlar los términos en que se transa un determinado bien; restringiendo la producción y aumentando el precio. Sin pretender entrar en la discusión económica respecto a los monopolios y oligopolios, y entendiendo la existencia de monopolios que son regulador legalmente, los monopolios artificiales, entregados por las patentes industriales, constituyen en muchas ocasiones fuentes de graves daños a la población; por ejemplo en las industrias farmaceútica, agro-alimentaria, genética e informática. Mención aparte merecen las patentes de biotecnológicas, que se han otorgado en el último tiempo, con las cuales se ha entregado en muchos casos, el patrimonio biológico de una región a empresas transnacionales.

Proponemos la revisión de las leyes que rigen la entrega de monopolios mediante patentes industriales, restringiendo la extensión temporal de los mismos o eliminándolos, creando incentivos alternativos para la producción de bienes en beneficio de toda la sociedad global.

Además, promovemos la adopción por parte del Estado chileno de formatos abiertos y una migración creciente a solociones informáticas libre o de código abierto. Considerando que el Estado es uno de los mayores consumidores de Tecnologías de la Información (TI) del país, un cambio en este sentido modificará positivamente el mercado de las TI, abriendo oportunidades a las empresas locales, especialmente las pequeñas y medianas; fomentando la innovación y el emprendimiento, toda vez que el aprendizaje y la producción se hacen más eficientes.El uso del código abierto en el sector público, incluyendo a las escuelas, deber ser estimulado.

Iniciativas como el Acceso Abierto, con el propósito de liberar el acceso a los resultados de investigación, deben ser promovidas y apoyadas. Los monopolios privados deben ser combatidos.

En relación al registro de marcas, consideramos que son, ante todo, útiles como medios de protección del consumidor. Creemos que las marcas registradas, en general, funcionan bien actualmente y no sugerimos ningún cambio en este punto.