La ilegal invasión de los drones en Chile

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Por : Gustavo Villarrubia

drones_portadaEl uso de drones o aeronaves no tripuladas se ha vuelto común. Uno tomó fotos espectaculares durante el cambio de mando en Cerro Castillo sin licencia para ello. Otro cayó el año pasado sobre el escenario de Lollapalooza a centímetros de los músicos. Aunque no existe normativa específica, para la DGAC es ilegal volarlos sin autorización porque el riesgo para la población por accidentes es real. Tan real como el peligro de que se usen para vigilar personas. El Ejército ya los tiene y la Subsecretaría de Prevención del Delito acaba de declarar desierta una licitación para vigilancia en La Araucanía.

La escena ocurrió en la mañana del 11 de marzo en el Cerro Castillo. En el momento en que los ministros del gabinete que acaba de estrenar Michelle Bachelet posaban para la foto oficial, sus miradas confluyeron hacia el cielo: un extraño objeto volador sobrevolaba a baja altura la residencia de descanso presidencial en Viña del Mar. Al día siguiente, el propio gobierno subió a su página oficial las fotos aéreas tomadas por la cámara del aparato: una nave aérea no tripulada más conocida como “dron”. Las imágenes fueron cedidas por el periodista Ariel Marinkovic, dueño de la empresa X-cam, que realiza vuelos radiocontrolados para tomar imágenes desde la altura. Las fotos de Cerro Castillo son espectaculares, pero el dron que las registró infringió las normas de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que ha prohibido el uso de naves no tripuladas sobre zonas urbanas.

-Iniciaremos un proceso infraccional. Si existen antecedentes de que eventualmente se cometió un delito, se llevaría a los tribunales -anunció a CIPER Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC.

Pagina oficial de La Moneda, muestra fotos aéreas de Cerro Castillo

Si bien aún no existe una regulación especial para los cada vez más populares drones, la autoridad considera que se debe aplicar la normativa regular que rige los vuelos civiles y por lo tanto requieren autorización de la DGAC. La razón es simple: ¿Qué hubiera pasado si el aparato cae sobre la cabeza de alguno de los ministros o autoridades extranjeras?

-Si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil -explicó Sepúlveda (ver entrevista).

Cuándo el 17 de noviembre pasado Michelle Bachelet subió a un escenario instalado en la Alameda, frente a su comando del Hotel San Francisco, para agradecer a quienes votaron por ella en la primera vuelta presidencial, un canal de TV utilizó una pequeña nave a control remoto portando una cámara para realizar tomas aéreas sobre el público (ver nota de la prensa peruana sobre su funcionamiento). Este tipo de cobertura es parte de una tendencia que partió en los medios estadounidenses, a la que hoy le llaman “periodismo dron”, una forma más barata y flexible para hacer tomas en altura. Son útiles, por ejemplo, para grabar manifestaciones o zonas de difícil acceso. Pero de acuerdo a la DGAC, esos vuelos son peligrosos e ilegales.

El boom de los drones no se limita al periodismo. Su uso se ha ido expandiendo y hoy son utilizados en la realización de estudios de impacto ambiental y por empresas mineras y de publicidad, entre otras. También por empresas de seguridad privada e instituciones militares y policiales. Una polémica veta ya explorada en otros países al utilizarlos en el combate al terrorismo y a la delincuencia y acciones de espionaje, un área que abre el debate sobre los derechos que podrían ser vulnerados. CIPER constató que las Fuerzas Armadas de Chile ya cuenta con drones y que Carabineros está en camino de adquirirlos.

 

AEROVIGILANCIA

En muy poco tiempo los drones se han transformado en una de las nuevas herramientas de vigilancia favoritas para los uniformados. Son más baratos que los aviones y permiten el monitoreo a distancia sin que sean percibidos. Según el sitio FlightGlobal, el año pasado la empresa israelíBlueBird Aero System se adjudicó un contrato por US$ 3 millones con el Ejército chileno para proveerlo de naves no tripuladas.

La ONG Derechos Digitales quiso saber los detalles del proceso de esa licitación, así como el contrato de la adjudicación, utilizando la Ley de Transparencia el 30 de enero último. La respuesta, en que se rechaza la entrega de información por considerarla “secreta”, fue entregada por el vicealmirante José Romero Aguirre, jefe del Estado Mayor Conjunto, basándose en el artículo 436 del Código de Justicia Militar: “Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, entre otros” (ver respuesta). Y hace referencia explícita a la información sobre “pertrechos militares o policiales”.

Según las fuentes consultadas por CIPER, el Ejército de Chile contaría actualmente con 16 drones.

Además de ese contrato con la empresa israelí BlueBird Aero System, en el curso de la investigación para este reportaje dos instituciones del Estado iniciaron procesos de compra de drones para vigilancia, los que finalmente abortaron. El miércoles 12 de febrero se abrió en Mercado Público una licitación de la Subsecretaría de Prevención del Delito solicitando un “Servicio de vigilancia aérea” para operar entre los kilómetros  570 y 692 de la Ruta 5 Sur en la región de La Araucanía (ver documento). El objetivo era claramente monitorear la zona del conflicto mapuche, pues el avión no tripulado era para uso exclusivo de Carabineros. Consultados por CIPER, en Carabineros se dijo que el gobierno saliente no les había comunicado nada acerca de esa licitación.

Blue Bird Spy Lite, uno de los drones probado en La Araucanía para vigilancia. (Fuente: flightglobal.com)

La compra que había decidido realizar la Subsecretaría de Prevención del Delito estaba generando ruido en las empresas del rubro: acusaron que la licitación estaba hecha de tal manera que sólo podía ganarla la misma empresa israelí que ya trabaja con el Ejército. Cuatro días antes del cierre del proceso de compra, CIPER solicitó una entrevista con el entonces subsecretario Cristóbal Lira, la que fue retrasada por problemas de agenda, hasta que el mismo día del vencimiento del plazo fijado, la licitación se declaró desierta.

Según Lira, la decisión de declararla desierta se adoptó “por respeto a las nuevas autoridades”. Una respuesta que no se entiende, ya que las bases y los plazos de la licitación se fijaron a sabiendas de la fecha inamovible del cambio de mando. “(Los drones) me parecen una extraordinaria herramienta. Afortunadamente, estamos ya contando con las cámaras en la Ruta 5 en La Araucanía”, dijo Lira para explicar la falta de urgencia.

Respecto al supuesto acuerdo para que la empresa israelí BlueBird Aero System ganara la licitación de este nuevo dron para vigilancia, el ex subsecretario afirmó:

-Sin duda que cumplía muy bien, era silencioso, simple, pero con poca autonomía y distancia, y sus cámaras no son tan buenas. Los otros tienen otros pros y contra, no está tan claro cuál conviene, habría que probarlos más. También depende de los precios y condiciones. En todo caso, los encuentro muy prácticos y pueden servir como prueba en los juicios. Espero que a mi sucesor le gusten, ya que pienso que ayudará mucho a las policías.

Al día siguiente de que el ex subsecretario Cristóbal Lira declarara desierta esa licitación, el GOPE de Carabineros hizo exactamente lo mismo con el proceso de compra de dos drones cuadricópteros a control remoto (ver documento). Altas fuentes de Carabineros confirmaron que la licitación se canceló luego de que CIPER solicitara información sobre ella, debido a que los antecedentes recogidos indicaban que era “poco prolija”.

El uso de drones ha abierto en Carabineros un frente no cubierto por lo que decidieron formar un equipo de oficiales con estudios de ingeniería y computación para investigar en profundidad los aviones no tripulados. La idea es que es que esa institución no se quede fuera del uso de las nuevas tecnologías.

RIESGO INMINENTE

Mientras el uso de los drones se expande en el mundo civil y militar, la regulación de sus vuelos exhibe otros ritmos. Si cada día es más común ver drones sobrevolar por encima de nuestras cabezas, en la DGAC sólo se han recibido 18 solicitudes de operaciones de esos vuelos entre 2012 y 2013. De éstas, 14 fueron autorizadas para realizar vuelos demostrativos y toma de fotografías, y cuatro rechazadas por tratarse de vuelos en zonas pobladas.

Estos aparatos pueden volar hasta a 500 metros de altura y varios actores de la industria reconocen que las caídas no son poco comunes. Eso explica la prohibición de la DGAC para que vuelen en zonas urbanas. En Estados Unidos se acaban de suspender los vuelos de 10 aviones no tripulados que custodian la frontera con México desde 2005. Uno de estos aviones no tripulados, el MQ-1Predator, que cuenta con la tecnología más moderna en su categoría y cuesta US$ 12 millones, tuvo que ser estrellado en el Pacífico frente a la costa de San Diego al no responder a la señal de aterrizaje. Se buscó evitar así un accidente de proporciones. En junio del 2012, los tres principales drones de fabricación estadounidense, tuvieron la tasa más alta de accidentes aéreos, el triple del promedio de toda la flota aérea militar de los EE.UU., según datos de Bloomberg (ver estadística).

Drone cae durante presentación de Joan Jett en el Festival Lollapalooza.

En Chile no se conoce con exactitud la cantidad de accidentes que han tenido las naves aéreas no tripuladas. Al no existir un control ni registro en la DGAC, no se tiene una estadística oficial. De todos modos, se conocen algunos casos. La tarde del domingo 1 de abril de 2012, en medio de la presentación de la cantante de rock estadounidense Joan Jett en el Festival Lollapalooza, un octocóptero (nave aérea de ocho hélices y de un peso aproximado de nueve kilos) que realizaba tomas del concierto para una productora contratada por TVN, cayó sobre el escenario a centímetros de la vocalista y su tecladista Kenny Laguna. Afortunadamente, el incidente no pasó de un gran susto para la artista y su grupo. Y se mantuvo en reserva hasta que El Dinamo publicó el video que da cuenta de lo ocurrido.

No ha sido ése el único accidente en Chile con naves no tripuladas. En abril del 2013, radio Biobioinformó que un avión no tripulado del Ejército cayó sobre una casa en Hualpén, en la zona de Concepción. La aeronave de 14 kilos se estrelló a pocos minutos del despegue.

-Ya se han caído varios de estos avioncitos a tierra, pero aun así, si has tenido suerte con los proyectos que has ganado, igual te conviene. Es parte de los riesgos que asumes. Y evidentemente a nadie le interesa dar a conocer los que se te caen –comentó a CIPER el gerente de una de estas empresas.

 

Lorenzo Sepúlveda, director de Seguridad Operacional de la DGAC:

“Volar un dron sin autorización es una actividad ilegal”

Lorenzo Sepúlveda es ingeniero en Sistema Aeronáutico, magister en Planificación y Gestión Aeronáutica y piloto. Se desempeña como director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde hace diez años (2004), además de ser vicepresidente del Grupo Panamericano de Seguridad Operacional. En pocas palabras, la función de Lorenzo Sepúlveda es fiscalizar toda aeronave civil que vuela sobre el cielo de Chile, ya sea en el área de operaciones como en la de mantenimiento, así como también la fiscalización de las licencias de los que vuelan.

Lorenzo Sepúlveda

–Este trabajo –dice Sepúlveda– es estresante: llego aquí las 7:15 y me voy, en promedio, a las 21:00 a casa. No hay fin de semana que no me llamen por teléfono por situaciones que nos pasan aquí o en el extranjero. Porque el problema lo puede tener un avión que está en Frankfurt, y necesita una autorización especial o porque tiene un problema y necesita ir a Madrid. Todos los días del año, las 24 horas del día, tenemos que estar disponibles.

Su función incluye autorizar los cambios de diseños de las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo nacional. Una tarea en la que también se presentan problemas. Como el que recuerda el mismo Sepúlveda: “Por ejemplo, Carabineros compró un avión y quiso hacerle un cambio: un hoyo para colocar unas maquinas. Nosotros no le aprobamos el proyecto y tuvieron que vender el avión. Porque el estudio de ingeniería que presentaron no permitía certificar la aeronave”.

Ahora, a todas esas áreas debe incorporar la fiscalización de quienes operan aparatos voladores no tripulados –drones– y hacen su mantenimiento. De partida deja en claro que su competencia se restringe a la aviación civil: “El uso de los drones desde el punto de vista militar o de operaciones aéreo policiales, no es competencia nuestra. No está dentro de nuestras facultades”.

Y agrega: “En el ámbito civil y a nivel mundial, el tema de los drones se nos vino encima. El mundo entero está relativamente atrasado con respecto a su regulación. En Latinoamérica, donde formamos un grupo que reúne a todos los países, estamos estudiando una normativa común y hay varias cosas que aun no las tenemos resueltas”.

-¿Cuáles son algunos de los problemas específicos que plantea el uso de drones en cada país?
Por ejemplo, tenemos que resolver el tema de la aeronavegabilidad del aparato. Es decir, con qué lo vamos a contrastar para determinar qué es lo seguro y cuáles son las interferencias que pueden tener. Después está el tema de los requisitos que debe cumplir la persona que los va a hacer volar. Porque al igual que los pilotos, estas personas deberían ser sometidas a un exhaustivo examen psicofísico. Pensamos que los que tripulen drones tengan un examen tan riguroso como los pilotos, ya que hay drones de distintos tamaños, distintos pesos, y si se caen arriba de una casa o en una calle transitada, pueden originar un desastre en proporción a su tamaño. Un hecho grave y de consecuencias para la población civil.

-¿Y qué se hace con los drones que ya están circulando a espera de la nueva normativa?
Tenemos una normativa muy avanzada, y a nivel nacional tenemos normas en la DAN 91 y otros documentos que estamos revisando para regular los vuelos. Y para efectos prácticos, en este momento lo que estamos haciendo es ver, caso a caso, el proyecto que nos presentan y ahí vemos si se aprueba o no. Depende de varios factores, todos referentes a la seguridad. Les pasamos un formulario que indica ciertas exigencias. Por ejemplo, debe presentarse con al menos 10 días de anticipación, indicar el objetivo del vuelo, remitir el área de operación y la línea especifica de sobrevuelo: altura, punto de despegue y aterrizaje, etc. Y también se exige que se describan las características del dron: modelo, peso, largo, velocidad de crucero…

 

 

-Eso significa que si yo quiero hacer volar hoy un dron, ¿debo venir aquí a solicitar un permiso trayendo todo eso que usted menciona?
Así es, lo que sí no le vamos a permitir es que vuele en zonas pobladas. Todos esos drones que la gente ha visto volar por encima de las áreas pobladas, no están autorizados por la DGAC. Ahora, el control de los vuelos de los drones es una cuestión tremendamente compleja. Mire, nosotros los podemos ver volando, pero no sabemos dónde están ubicados los que los están operando. Puede que en algunos casos eso se pueda hacer.

-Pero entonces, hacer volar un dron sin autorización, ¿es hoy un delito?
Hoy volar un dron sin la autorización podría constituir delito. De acuerdo al Código Aeronáutico, y si bien éste no dice “el dron es una aeronave”, dada la definición de la ley, el dron es una aeronave, y para poder volar ésta requiere cumplir con determinados requisitos. Y esos drones que se ven volando por ahí, no las cumplen. Porque ninguno ha sido certificado por nosotros y tampoco hemos controlado su tripulación. Por todo aquello, yo diría que volar hoy un dron sin autorización, es una actividad ilegal.

-Pero hasta ahora ustedes en la DGAC han autorizado vuelos de drones en Chile.
Nosotros hemos autorizado algunos proyectos concretos. Si usted viene hoy y dice que quiere volar un dron, le vamos a pedir todos los datos que ya le mencioné y por escrito. Luego, vamos a estudiar la zona donde va a volar, si hay lugares poblados o no, a qué altura va a volar, si existe la posibilidad de que choque con un avión… Analizamos el riesgo, y en base al riesgo de la operación, se autoriza o no. Hemos autorizado drones para prospección de ríos, en donde el dron, un aparato chico, vuela por el río y no por lugares poblados. Caso a caso hemos autorizado algunos vuelos, calculando bien el riesgo.

-¿La DGAC ha dado pocas autorizaciones hasta ahora?
Ha salido por ahí que hay varias empresas autorizadas para hacer volar drones. Eso no es cierto: no hay ninguna empresa autorizada. Lo que hemos autorizado son vuelos concretos de algunos proyectos. No hay ninguna autorización a una empresa o a un particular para hacer lo que quiera en esta materia. Hemos autorizado, por ejemplo, a una empresa para un proyecto de prospección de peces, a otra para control de cables. También ahora la Conaf nos está consultando, porque entiendo que están comprando o ya compraron un dron para utilizarlo en el control de incendios. Hay empresas de marketing que nos han pedido autorización, pero no se la hemos dado porque era para vuelos en lugar poblado.

 

-Me han dicho que se han visto drones que sobrevuelan el Estadio Nacional para importantes partidos de fútbol, Chilevisión operó uno por ejemplo en la previa del último partido Chile-Ecuador, para registrar al público en el estadio.
Nosotros no los hemos autorizado.

 

 

-¿También requieren ellos autorización de la DGAC?
Todo aparato requiere autorización.

 

 

-¿Dónde está la diferencia entre los drones y el avión de aeromodelismo que yo salgo a volar a un descampado los fines de semana?

Sr. Jose Dolabella (ANAC-Brasil), Sr. Marco Ospina (Secretario-CLAC) y Sr. Lorenzo Sepulveda (DGAC-Chile)

Fundamentalmente en el tamaño y la altura que alcance, hasta 100 metros, que es lo que vuelan los aviones de aeromodelismo. Como ve, es diferente. Por eso, en el formulario que entregamos a quienes presentan los proyectos, les pedimos las características del dron, porque hay drones que en versiones militares se pueden operar a mucha distancia. Por ejemplo, los que operaban desde los EE.UU. en Medio Oriente. Y esto también se puede hacer en la operación civil: el operador puede estar en Santiago y lo está haciendo volar en la Cordillera de los Andes. Por eso, analizamos el tamaño y las características del vuelo que requiere para poder así autorizar o no, depende del riesgo, de dónde va a despegar. Porque uno puede pedir autorización para volar en la cordillera, pero necesitamos saber desde dónde despega para autorizar caso a caso.

 

 

-¿Se plantean entre los requisitos de autorización la protección de la privacidad de las personas? Porque, por ejemplo, podría solicitar autorización una empresa de seguridad privada.
No, y para que lo entienda, se lo explico con el caso de un helicóptero. Usted puede tener un helicóptero para seguir gente. Nosotros autorizamos el vuelo. Ahora, si se usa para algo ilegal, el piloto es el responsable. Nosotros no vamos autorizar vuelos para nada ilegal, pero eso no quita que se pueda utilizar para algo así. Y ahí el autorizado estaría cometiendo la falta, al utilizarlo para otros fines de los que afirmó cuando pidió la autorización.

 

 

-Si bien dice que la DGAC no regula los vuelos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, ¿ellos no necesitan ni siquiera avisar cuando están operando estos aparatos?
Lo que necesitan es comunicar, sin precisar la operación, respecto al espacio aéreo para la coordinación de nuestra parte. Lo mismo rige para las operaciones de aviones militares.  Si van hacer prácticas de vuelo en algún espacio aéreo del país, necesitan avisarnos para coordinar con los vuelos civiles. Ahí hacemos una NOTAN (Notificación para Todo Vuelo Aeronáutico), avisando que esa zona está limitada o es zona peligrosa. Siempre que para operaciones militares se vaya a volar en un espacio donde hay tránsito aéreo de civiles, deben avisarnos. De la misma manera que cuando el Ejército va a disparar al aire en sus pruebas, nos avisan y nosotros delimitamos el área para vuelos civiles. Nosotros sólo entramos exclusivamente para la seguridad del espacio aéreo, no tenemos idea por qué están volando. Eso no nos compete.

 

-Una vez que salga la nueva reglamentación para el uso de drones que aún está en borrador, ¿quién va a ser el encargado de su cumplimiento: el Ministerio de Defensa o Interior?
Desde el punto de vista de las anomalías, nosotros lo que hacemos es cursar las infracciones o hacer la denuncia a tribunales. Lo que pasa hoy por el desconocimiento que existe de este tema, es que hay gente que los está volando sin saber que deben pedir autorización. Nosotros hicimos varios llamados por la prensa a los que están operando estos aparatos, a que se acerquen a pedir la autorización respectiva. Y desde entonces, se han acercado más personas a preguntarnos. Hay que dejar claro que según la interpretación legal nuestra, los drones son aeronaves. Y en consecuencia, en la ley está claro todo lo que debe cumplir una aeronave para volar. Debe tener certificado de aeronavegabilidad, que ninguno de los que anda por ahí lo tiene; el que lo vuela debe tener licencia, que tampoco la tienen. Y hay delitos tipificados para quienes no cumplen: el que vuela un avión sin certificado vigente, comete un delito. En la norma que estamos estudiando se considerara una licencia autorizada por la DGAC. Ahora, insisto, este no es un problema que enfrentamos sólo en Chile, es un problema mundial, ya que si bien hace tiempo que existían, ahora se han disparado de manera más masiva. No hay ningún país en este momento que tenga una normativa clara, ni los EE. UU. ni los europeos, que son los que más tiempo llevan utilizándolos, aún tienen regulado el uso. Hay que estudiar bien las interferencias que pueden sufrir estos aparatos, porque el que está operándolo desde tierra, puede perder el control. Por eso aún hay mucho que estudiar.

-¿Cuánto tiempo estima usted que demorará esa normativa en estar vigente?
Por las razones que le dado, no creo que salga antes de, cómo mínimo, seis meses. Ya llevamos dos años en esto. Estamos trabajando con otros países. El “Sistema Regional para la Vigilancia y la Seguridad Operacional” lo integran todos los países latinoamericanos, y ahí nosotros llevamos todos los grandes problemas que surgen en la aviación: desarrollo de normas, capacitación, se forman inspectores… Y en esto estamos trabajando. El proyecto de las reglas está en la fase de borrador para opinión (ver documento) de los usuarios. Antes de cualquier normativa, ésta se pone durante un periodo a disposición para que los usuarios puedan opinar, dar sugerencias, criticas, aportes y se estudian todas. Lo que tenemos hasta el momento ha sido elaborado con las opiniones de todos los países de Latinoamérica.

-¿Han recibido denuncias de drones volando en espacios urbanos?

Si, hemos recibido algunas, y creo que ya hemos llevado dos a tribunales. En algunos casos, no hemos podido llegar a resultado porque la información es muy vaga. No es fácil. Por ejemplo, una de las cosas que estamos pensando es cómo identificarlos, porque así como los aviones tienen su matrícula en un lugar visible, al ser aparatos tan pequeños, tal vez tengamos que distinguirlos por marca o una matrícula. Y deberíamos ver cómo poder distinguirla. Ahora, estas normas se hacen para las personas que quieren cumplir con la ley, porque si alguien quiere operar un dron para cometer un delito, está claro que no le va a poner la matrícula. Nadie va a saber desde dónde lo está operando. La fiscalización no va a ser fácil. Y por eso se necesitará, como en todas estas cosas, la colaboración ciudadana. Estos aparatos pueden utilizarse para muchas cosas, pueden ser muy útiles y eficientes, como para detectar el fuego, para ver el cableado, para fotografías, publicidad. Para todas estas cosas es una buena herramienta, pero también puede ser usado para fines delictivos.

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