La lucha contra el peaje digital

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La mañana del lunes pasado, integrantes del ONG Popular Resistance llegaron hasta la casa de Tom Wheeler y bloquearon el paso de su Mini Cooper. Wheeler es el presidente de la  Comisión Federal de Comunicaciones que deberá analizar la petición del presidente Barack Obama para garantizar la neutralidad de internet en EE.UU. Este principio dice que los proveedores de servicios de internet (ISP) deben tratar a todo el tráfico de la red por igual.

Obama, quien hizo el requerimiento esa misma mañana, quiere que los proveedores no prohíban el acceso al contenido legal que existe en la red y que éstos no retrasen intencionalmente algún contenido para privilegiar otros, entre otras medidas.

Netflix, el servicio de películas vía streaming más grande del mundo, pagó un millonario peaje al proveedor Comcast Corp, en 2013, para acceder a una mejor  velocidad y en abril anunció otro acuerdo con la proveedora Verizon, pese a no estar de acuerdo con el pago de este peaje, que de paso afecta a otros servicios similares que ofrecen videos en línea, pero gratis.

“Chile le lleva cuatro años de ventaja a EE.UU. en esta materia”, dice el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf,  quien se refiere a la entrada en vigencia, en 2010, de la Ley de neutralidad en la red, la primera legislación de este tipo en el mundo.

Huichalaf recuerda que una de las primeras medidas que tomaron cuando asumieron el gobierno, fue la prohibición de ofrecer Facebook, WhatsApp y Twitter gratuitamente a una persona que solo contrataba planes de voz. “Las empresas te decían que todo el tráfico que realices en estas aplicaciones no te lo vamos a cobrar, lo que es una discriminación respecto de otras aplicaciones y con el incentivo perverso que te cobraban por cualquier link te que llevara fuera de esas redes”, explica a La Tercera.

Esta medida comenzó a regir el 1 de junio y, según el subsecretario, las empresas del rubro se ajustaron a la norma. “En Chile, el principio de neutralidad en la red ya está garantizado y además lo promovemos”, insiste.

Sin embargo, José Huerta, director de la ONG Cívico, dice que los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, han puesto el énfasis en las medidas de transparencia en la publicidad de los productos de acceso a internet, pero no en fiscalizar si los operadores están entorpeciendo la calidad del servicio. “En Chile se ha hecho poco y nada para ejecutar los derechos que te da la ley de neutralidad”, acusa.

Por ejemplo, señala Huerta, la fiscalización permitiría saber si Netflix tiene algún privilegio sobre Cuevana, que es gratis, o si los proveedores degradan artificialmente la calidad del tráfico de alguno de los dos.

Consultado por las críticas, Huichalaf replica y dice que la ley sí ha fiscalizado. “Lo que pasa es que se hace más anónimamente”.

La autoridad recuerda que el subsecretario anterior, Jorge Atton,  fue citado al Congreso por este tema y entregó todos los antecedentes que contradecían las acusaciones. En total, la Subtel formuló 20 cargos entre 2011 y 2013 a empresas de internet por incumplimiento a la ley de neutralidad. “Él mostró que se ha fiscalizado, que se han establecido criterios”, afirma Huichalaf.

Pese a los cuestionamiento,  valora el rol vigilante de las ONG en esta tema de alto impacto si se considera que un estudio de octubre de la Subsecretaría, mostró que 12 millones de chilenos, el 66% de la población, se contecta habitualmente a la red.

Juan Carlos Lara, director de Contenidos de la ONG Derechos Digitales, plantea que en materia de neutralidad nos encontramos en un pie favorable respecto del mundo, sobre aquello que se puede exigir a los proveedores. Dice que Chile tiene una ley firme de neutralidad, que permite reclamar en caso de percibirse que un contenido es priorizado o perjudicado en su transmisión a través de la red.

“Depende de la actitud de los usuarios controlar la transparencia de sus proveedores, y reclamar ante la autoridad. No es un sistema perfecto, pero es uno con reglas claras”, afirma Lara.

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