En el caso de los Estados Unidos, estas notificaciones se llevan a cabo según el procedimiento establecido en la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), la ley más importante en materia de propiedad intelectual en los Estados Unidos, que creó procedimientos estrictos para cuando una persona (natural o jurídica) reclame que cierto contenido subido a internet infringe sus derechos. Cualquier compañía con sede en los Estados Unidos que reciba una de estas notificaciones debe cumplir con las reglas establecidas en la ley, o de lo contrario puede hacerse responsable por el contenido ilegal.
Esta ley fue diseñada para hacer lo más fácil posible la remoción de contenido multimedia, y dentro de sus provisiones se encuentra la que la hace tan peligrosa para el resto del mundo: es el mecanismo por el cual las compañías de tecnología responden a cualquier petición de propiedad intelectual. Dado que la mayoría de las compañías de tecnología más grandes están ubicadas en los Estados Unidos, ésta es la ley que cumplen, y esto significa que un gobierno extranjero puede -y de hecho lo hace- exigir la remoción de contenido a una compañía como Facebook o YouTube basándose en esta ley.
Evidentemente, Estados Unidos es el país donde más solicitudes de este tipo son presentadas, pero países como Canadá han hecho uso de este mismo mecanismo: en 2009, por citar apenas un ejemplo, la Casa de los Comunes envió solicitudes de remoción de videos y podcasts que contenían grabaciones de procedimientos parlamentarios. En Ecuador, un escritorio jurídico, Ares Rights, ha enviado solicitudes de remoción a diversas compañías e individuos sobre tweets, documentales y resultados de búsqueda que involucran a funcionarios públicos. En diciembre pasado, el director ejecutivo de Fundamedios recibió una solicitud que amenazaba con cerrar entero su sitio web a causa de una imagen del presidente Rafael Correa, publicada junto con un artículo en el cual el grupo denunciaba el lenguaje utilizado por Correa contra los medios de comunicación.
Ares Rights también exigió la remoción de un documental sobre la represión del gobierno sobre una población indígena: el documental (“Acoso a Intag”) fue removido de YouTube. Sus creadores también recibieron quejas de copyright sobre fotografías que acompañaban un reportaje sobre contratos relacionados con una refinería de propiedad estatal. Las fotos, a pesar de que eran de dominio público o protegidas por uso justo, fueron removidas.
A pesar de que la DMCA contiene previsiones protegiendo los usos justos (los usos limitados de obras que se encuentran bajo copyright con propósitos educativos o de discusión o difusión pública) con frecuencia las compañías eligen remover el contenido primero y dar paso a cualquier defensa después.
Por otra parte, esta norma ha sido reforzada en una multitud de tratados y acuerdos de comercio multilaterales, cuyo lenguaje e interpretación provienen de esta misma visión sobre la normativa en propiedad intelectual. Al tener más fuerza que otros países en las negociaciones,Estados Unidos negoció estos acuerdos de manera tal que fueran compatibles con la DMCA, y que fueran los otros países quienes requirieran cambiar sus normativas internas. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés, un tratado del cual México, Perú y Chile tomarían parte) contiene también provisiones similares.
A pesar de que pareciera que la legislación sobre propiedad intelectual está siendo usada para un propósito que no le es natural, lo cierto es que la censura se encuentra en la raíz misma del surgimiento del copyright: controlar el libre flujo de información y de ideas para evitar poner en peligro el orden social establecido fue una de las razones primordiales para la creación de normativa sobre propiedad intelectual tras la creación de la imprenta. La relación entre propiedad intelectual ylibertad de expresión siempre ha sido una relación tensa, y en apariencia, mientras la tecnología continúa evolucionando y el sistema vigente de propiedad intelectual intenta preservar su propia existencia, esta relación seguirá siendo una de contradicción y lucha.
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¿Proteger la innovación y la explotación comercial? No siempre.
A pesar de que los procedimientos para dar de baja contenido por violaciones de propiedad intelectual no están, en principio, concebidos con la finalidad de censurar contenido, con frecuencia ése es el resultado en la práctica: cuando los gobernantes buscan ejercer la censura, utilizan la forma más rápida y fácil a disposición, y a menudo, esa forma es lo que se denomina un “copyright takedown”, una notificación de remoción de contenido por copyright.
En el caso de los Estados Unidos, estas notificaciones se llevan a cabo según el procedimiento establecido en la DMCA (Digital Millennium Copyright Act), la ley más importante en materia de propiedad intelectual en los Estados Unidos, que creó procedimientos estrictos para cuando una persona (natural o jurídica) reclame que cierto contenido subido a internet infringe sus derechos. Cualquier compañía con sede en los Estados Unidos que reciba una de estas notificaciones debe cumplir con las reglas establecidas en la ley, o de lo contrario puede hacerse responsable por el contenido ilegal.
Esta ley fue diseñada para hacer lo más fácil posible la remoción de contenido multimedia, y dentro de sus provisiones se encuentra la que la hace tan peligrosa para el resto del mundo: es el mecanismo por el cual las compañías de tecnología responden a cualquier petición de propiedad intelectual. Dado que la mayoría de las compañías de tecnología más grandes están ubicadas en los Estados Unidos, ésta es la ley que cumplen, y esto significa que un gobierno extranjero puede -y de hecho lo hace- exigir la remoción de contenido a una compañía como Facebook o YouTube basándose en esta ley.
Evidentemente, Estados Unidos es el país donde más solicitudes de este tipo son presentadas, pero países como Canadá han hecho uso de este mismo mecanismo: en 2009, por citar apenas un ejemplo, la Casa de los Comunes envió solicitudes de remoción de videos y podcasts que contenían grabaciones de procedimientos parlamentarios. En Ecuador, un escritorio jurídico, Ares Rights, ha enviado solicitudes de remoción a diversas compañías e individuos sobre tweets, documentales y resultados de búsqueda que involucran a funcionarios públicos. En diciembre pasado, el director ejecutivo de Fundamedios recibió una solicitud que amenazaba con cerrar entero su sitio web a causa de una imagen del presidente Rafael Correa, publicada junto con un artículo en el cual el grupo denunciaba el lenguaje utilizado por Correa contra los medios de comunicación.
By Mutant669 – Photograph, CC BY-SA 3.0.
Ares Rights también exigió la remoción de un documental sobre la represión del gobierno sobre una población indígena: el documental (“Acoso a Intag”) fue removido de YouTube. Sus creadores también recibieron quejas de copyright sobre fotografías que acompañaban un reportaje sobre contratos relacionados con una refinería de propiedad estatal. Las fotos, a pesar de que eran de dominio público o protegidas por uso justo, fueron removidas.
A pesar de que la DMCA contiene previsiones protegiendo los usos justos (los usos limitados de obras que se encuentran bajo copyright con propósitos educativos o de discusión o difusión pública) con frecuencia las compañías eligen remover el contenido primero y dar paso a cualquier defensa después.
Por otra parte, esta norma ha sido reforzada en una multitud de tratados y acuerdos de comercio multilaterales, cuyo lenguaje e interpretación provienen de esta misma visión sobre la normativa en propiedad intelectual. Al tener más fuerza que otros países en las negociaciones,Estados Unidos negoció estos acuerdos de manera tal que fueran compatibles con la DMCA, y que fueran los otros países quienes requirieran cambiar sus normativas internas. El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés, un tratado del cual México, Perú y Chile tomarían parte) contiene también provisiones similares.
A pesar de que pareciera que la legislación sobre propiedad intelectual está siendo usada para un propósito que no le es natural, lo cierto es que la censura se encuentra en la raíz misma del surgimiento del copyright: controlar el libre flujo de información y de ideas para evitar poner en peligro el orden social establecido fue una de las razones primordiales para la creación de normativa sobre propiedad intelectual tras la creación de la imprenta. La relación entre propiedad intelectual ylibertad de expresión siempre ha sido una relación tensa, y en apariencia, mientras la tecnología continúa evolucionando y el sistema vigente de propiedad intelectual intenta preservar su propia existencia, esta relación seguirá siendo una de contradicción y lucha.
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