Ley de Datos permitirá que personas borren sus antecedentes en poder de empresas

Print Friendly, PDF & Email

No más llamados impertinentes ofreciendo cuentas bancarias, créditos, servicios funerarios y otros productos. No más entidades financieras que conozcan hasta 20 o 30 años de la historia de una persona para evaluar un préstamo. Empresas que se exponen a multas de hasta $400 millones por ocultar sus bases de datos.

Estos son algunos de los objetivos que persigue el proyecto de Ley de Datos Personales que la Subsecretaría de Economía proyecta despachar al Congreso antes de fin de año. La iniciativa busca regular el uso y traspaso de la información privada de las personas (como el RUT, dirección, teléfono o su patrimonio, entre otros) que actualmente utilizan libremente las empresas para fines comerciales.

La propuesta considera la creación de un ente público donde los particulares podrán consultar qué firmas tienen su información personal y, luego, rectificarla o borrarla.

La subsecretaria de Economía, Katia Trusich, explicó que esta entidad autónoma del Estado se llamará Agencia de Protección de Datos. “Lo que hace es decirles a las personas o entidades que manejan esta información: usted tiene que registrar los campos de sus bases de datos”.

Así, por ejemplo, una casa comercial va a tener que indicar a la agencia los datos que tiene de diferentes personas. “Pero si luego, la Agencia de Protección de Datos fiscaliza a esa empresa y detecta que cuenta con otros informes personales no declarados, se le aplicarán penas, que pueden ser sanciones o multas”, explicó.

Derecho a reclamo

El proyecto de ley permitirá además que los consumidores y personas en general pasen a tener derecho a reclamo. Es decir, con este proyecto cualquier persona va a poder dirigirse a una empresa para consultar qué información personal tiene de ella y, si no recibe respuesta, va a poder acudir a la Agencia de Protección de Datos, consultar esa información y ejercer su derecho a corregirla o cancelarla, “diciendo simplemente: no quiero que usted tenga más mis datos, porque no quiero que me llame los domingos en la mañana para ofrecerme algo”, subrayó Trusich.

Este proyecto generará, además, otras externalidades positivas, ya que va a estandarizar la normativa chilena de protección de datos con la que mantiene la Unión Europea y los países de la OCDE. De esta forma, las firmas nacionales que se dedican al procesamiento de datos podrán vender estos servicios de manera remota a otras firmas del Viejo Continente, opción que actualmente no pueden desarrollar debido a que la normativa chilena no se ajusta a los estándares internacionales.

Tres años de marcha blanca

-¿Si una empresa, simplemente, no declara que tiene datos de una persona, qué va a ocurrir?

-Según este proyecto de ley, las empresas van a tener 3 años para regularizar sus bases de datos. Si se oculta esa información, después las penas van a ser altas, de hasta $400 millones de sanción. De manera que no creo que las empresas se expongan a tener esas multas, sumadas al riesgo en su imagen o reputación.

¿Para ir a la Agencia de Protección de Datos se necesitará abogado?

-La gente va a poder recurrir a la agencia sin costo y el beneficio es que va a existir una instancia pública (similar al Consejo para la Transparencia) especialmente dedicada a estos temas”.

“Por eso esta ley es necesaria, porque requerimos que exista simetría entre el derecho de los ciudadanos, a exigir que se cumpla con la ley, y lo que por otra parte pueda hacer una institución”.

Es decir, explicó Trusich, “si una persona va a un banco y no existe ninguna razón para que se le rechace un crédito, pero tiene la sospecha de que en su evaluación se consideró información que no se debía tener, esa persona va a poder reclamar a la agencia, por cuanto hoy esa instancia es demasiado costosa, ya que sólo se puede ejercer por tribunales”.

-¿Este proyecto no colisiona con el Sistema de Obligaciones Económicas ( SOE) de Hacienda?

-El SOE es un proyecto de ley que lleva el Ministerio de Hacienda, pero este proyecto de Protección de Datos es un paraguas y va a tener que conversar con el SOE, porque los principios bajo los cuales se van a regir van a ser los mismos. Es decir, todas las personas ante el SOE o ante cualquier otra institución que tenga datos personales, sea pública o privada, van a poder tener acceso a ellos y rectificarlos.

-¿Es decir que el SOE se va a tener que ajustar a la Ley de Datos?

-Este proyecto de ley dice que los datos especiales se van a regular en leyes especiales. Es decir, por ejemplo, los datos que son sensibles en materia de salud, seguridad del Estado, datos comerciales o financieros van a tener sus leyes donde serán regulados

 ¿Qué ocurre hoy y cómo cambia?

-Actualmente la ley dice que no se puede tener almacenada información comercial negativa (protestos, impagos, moras) de las personas más allá de cinco años. Pero la mayoría de las instituciones de crédito recopilan esta información -en muchos casos desde fuentes oficiales- y la mantienen por décadas. Con esos datos, las empresas de crédito evalúan a sus clientes y diseñan sus campañas de márketing.

Si en el proceso de crédito una persona detecta que fue evaluada comercialmente con datos ilegítimos (por ejemplo, que superen los 5 años o están prescritos o borrados judicialmente) sólo puede denunciar la situación en tribunales.

-Con el proyecto de Ley de Datos “si usted ya no tiene una deuda pendiente con una casa comercial o con un banco, va a poder pedir que lo borren de la base de datos y no se van a poder negar. Si la Agencia de Protección de Datos -por denuncia de una parte- detecta que se mantienen informes no autorizados por una persona va a poder imponer sanciones”, explicó Katia Trusich.

This entry was posted in Artículos, Cultura, DD.HH.. Bookmark the permalink.

Comments are closed.