Llega un nuevo foco de delitos: las redes sociales anónimas

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¿Qué pasaría si existiera una red social en la que se pudiera comentar en forma totalmente anónima? En Estados Unidos ya existen estas plataformas para teléfonos inteligentes –whisper.sh y secret.ly– y pretenden que sus usuarios puedan hablar con total libertad.

Sin embargo, hay que preguntarse qué tipo de garantías legales hay frente a posibles mensajes injuriosos o la revelación de secretos en una red social en la que el anonimato está asegurado.

Abogados especializados en nuevas tecnologías creen que este tipo de plataformas, aunque tengan una responsabilidad jurídica similar a la de redes como Facebook o Twitter y se acoplen a la normativa, generan muchas dudas legales y podrían convertirse en un interminable foco de delitos. “Estas redes sociales permiten denunciar comentarios y bloquear usuarios en caso de sentirse molesto por alguna afirmación. Sin embargo, también se puede dar todo tipo de violaciones de la intimidad y del honor, acoso a personas e ir contra el derecho a la propia imagen”, explica Paula García, responsable del área de nuevas tecnologías de Pons Patentes y Marcas.

La abogada explica que siempre que se presentara un requerimiento judicial, las plataformas estarían obligadas a dar la información del usuario que ha cometido el ilícito lo que sería más fácil de lograr en estas redes anónimas que en otras como Facebook, porque en las primeras se obliga a aportar un número telefónico.

El asunto legal se complica al acercarse a asuntos menos comunes, como la revelación de información confidencial. “En este tipo de casos, siempre se derivan otras violaciones de derechos, como el secreto profesional o la propiedad industrial, que complican la investigación y alargan la causa”, comenta Alonso Hurtado, socio del área de tecnologías de la información de Ecija.

Otro asunto espinoso es qué sucede con los usuarios que difunden o comentan la información de estas redes. El abogado de Ecija cree que habría que investigar el papel de estas personas en un eventual ilícito.

García cree que los creadores habrán adecuado su plataforma a la legislación estadounidense, pero que deberían realizar ajustes antes de lanzarla en España o en cualquier país de la Unión Europea.

Hurtado también ve un problema de jurisdicción y se pregunta qué tribunal debería resolver una denuncia realizada en España, por ejemplo, cuando el mensaje es almacenado en Estados Unidos.

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