Alejada de los reflectores, la iniciativa para convertir en ley el acceso abierto fue aprobada en el Senado de México el viernes pasado. Se trata de un conjunto de cambios a la legislación actual que permitirían que toda investigación financiada con recursos públicos o infraestructura del Estado esté a disposición de cualquier mexicano.
La iniciativa ha sido impulsada desde 2012 por la senadora Ana Lilia Herrera, quien ha sido una de las principales promotoras de la apertura del conocimiento generado con dinero público. El camino ha sido complicado –y el proyecto aún debe enfrentar la votación de los diputados–, mas los pronósticos son promisorios. Entonces, ¿de qué va esta ley y por qué es tan importante aprobarla?
¿Qué es el acceso abierto?
El acceso abierto (open access) es una tendencia mundial hacia la apertura del conocimiento científico. Implica la posibilidad de consultar cualquier material de índole académica o científica sin necesidad de efectuar un pago. Normalmente, estos contenidos son de acceso restringido o protegidos por copyright.
El razonamiento detrás del acceso abierto se basa en que el conocimiento generado con recursos públicos –becas del Estado, instituciones de gobierno, universidades públicas- es pagado por los contribuyentes; por lo tanto, no debería ponerse un candado a su disposición. Además, al existir mayor acceso a las investigaciones, el conocimiento puede llegar a otras fronteras e impulsar los avances científicos en otros lados del mundo –en especial, en los países en desarrollo–.
La discusión sobre el acceso abierto ha sido avivada en los últimos dos años por el caso que llevó al activista Aaron Swartz al suicidio. El programador recibió una demanda por 4 millones de dólares USD por haber descargado 4.8 millones de artículos académicos de Journal Storage (JSTOR). La fiscalía de Estados Unidos acusó a Swartz de haber distribuido el material por redes p2p (y por ende, haber violado el copyright), aunque nunca existió prueba de ello.
Swartz fue uno de los principales impulsores de proyectos como Creative Commons y Wikipedia. También dedicó parte de su vida a investigar la influencia de los fondos privados en las investigaciones científicas. Tras su muerte –y por las condiciones del caso–, miles de académicos crearon un movimiento llamado PDF Tribute, mediante el cual liberaron una enorme cantidad de trabajos científicos con licencias libres.
El acceso abierto: una tendencia mundial
El acceso abierto se ha convertido en una tendencia en todo el mundo. Algunos ejemplos de su implementación son:
- En 2012, el Banco Mundial anunció su Política de Libre Acceso y el Repositorio Abierto de Conocimiento. A través de estos mecanismos, el contenido publicado por el Banco Mundial fue liberado con la licencia Creative Commons de Atribución (CC-BY), por lo que las investigaciones pueden ser usadas, distribuidas y derivadas aún para fines comerciales.
- En mayo de 2013, la UNESCO anunció su decisión de liberar sus publicaciones digitales, para que la gente “descargue, traduzca, adapte, distribuya y comparta las publicaciones y datos de UNESCO sin pagar.”
- En julio de 2013, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) publicó su política de acceso abierto, mediante la cual los artículos avalados por la facultad son puestos a disposición del público sin costo.
En América Latina, el caso más reciente es la aprobación de la ley de acceso abierto en Argentina, hecha en diciembre de 2013. El camino para su aprobación también fue largo (desde 2009, con los primeros esbozos), pero ha tenido como resultado la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología. Países como Ecuador o Venezuela también han dado pasos significativos hacia la apertura del conocimiento.
El caso de México
El 12 de marzo de 2013 –hace poco más de un año–, la senadora Ana Lilia Herrera presentó un proyecto de ley ante el Senado [DOC] para reformar algunos artículos de la Ley General de Ciencia y Tecnología, así como de la Ley de Educación, para permitir el acceso abierto a investigaciones financiadas por el Estado.
Sin embargo, la misma senadora retiró su propuesta en agosto para organizar una serie de discusiones con académicos e investigadores, de modo que la ley de acceso abierto considerara la mayor cantidad de visiones posible. Más tarde, el 9 de diciembre de 2013 -y ya con las aportaciones de los foros de discusión– Herrera volvió a presentar la iniciativa.
En esta ocasión el apoyo fue unánime. Tras pasar con éxito por las comisiones, el pleno del Senado aprobó con 74 votos la iniciativa. Con esta ley, los académicos que hayan hecho investigaciones con recursos o infraestructura pública podrán dejar –por decisión personal– una copia en el Repositorio Nacional; y se contempla el fortalecimiento y creación de repositorios regionales e institucionales por parte del gobierno.
Sin duda, se trata de un paso importante desde la ley para el acceso abierto, dándole el carácter de obligatorio a las instituciones para su promoción, pero dando discrecionalidad a los investigadores para diseminar su trabajo. El siguiente paso no sólo será que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, sino que la academia mexicana haga entender a sus integrantes la importancia de compartir el conocimiento desde las universidades y los centros de investigación. Ahí está el reto.
Alejada de los reflectores, la iniciativa para convertir en ley el acceso abierto fue aprobada en el Senado de México el viernes pasado. Se trata de un conjunto de cambios a la legislación actual que permitirían que toda investigación financiada con recursos públicos o infraestructura del Estado esté a disposición de cualquier mexicano.
La iniciativa ha sido impulsada desde 2012 por la senadora Ana Lilia Herrera, quien ha sido una de las principales promotoras de la apertura del conocimiento generado con dinero público. El camino ha sido complicado –y el proyecto aún debe enfrentar la votación de los diputados–, mas los pronósticos son promisorios. Entonces, ¿de qué va esta ley y por qué es tan importante aprobarla?
¿Qué es el acceso abierto?
El acceso abierto (open access) es una tendencia mundial hacia la apertura del conocimiento científico. Implica la posibilidad de consultar cualquier material de índole académica o científica sin necesidad de efectuar un pago. Normalmente, estos contenidos son de acceso restringido o protegidos por copyright.
El razonamiento detrás del acceso abierto se basa en que el conocimiento generado con recursos públicos –becas del Estado, instituciones de gobierno, universidades públicas- es pagado por los contribuyentes; por lo tanto, no debería ponerse un candado a su disposición. Además, al existir mayor acceso a las investigaciones, el conocimiento puede llegar a otras fronteras e impulsar los avances científicos en otros lados del mundo –en especial, en los países en desarrollo–.
La discusión sobre el acceso abierto ha sido avivada en los últimos dos años por el caso que llevó al activista Aaron Swartz al suicidio. El programador recibió una demanda por 4 millones de dólares USD por haber descargado 4.8 millones de artículos académicos de Journal Storage (JSTOR). La fiscalía de Estados Unidos acusó a Swartz de haber distribuido el material por redes p2p (y por ende, haber violado el copyright), aunque nunca existió prueba de ello.
Swartz fue uno de los principales impulsores de proyectos como Creative Commons y Wikipedia. También dedicó parte de su vida a investigar la influencia de los fondos privados en las investigaciones científicas. Tras su muerte –y por las condiciones del caso–, miles de académicos crearon un movimiento llamado PDF Tribute, mediante el cual liberaron una enorme cantidad de trabajos científicos con licencias libres.
El acceso abierto: una tendencia mundial
El acceso abierto se ha convertido en una tendencia en todo el mundo. Algunos ejemplos de su implementación son:
En América Latina, el caso más reciente es la aprobación de la ley de acceso abierto en Argentina, hecha en diciembre de 2013. El camino para su aprobación también fue largo (desde 2009, con los primeros esbozos), pero ha tenido como resultado la creación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales en Ciencia y Tecnología. Países como Ecuador o Venezuela también han dado pasos significativos hacia la apertura del conocimiento.
El caso de México
El 12 de marzo de 2013 –hace poco más de un año–, la senadora Ana Lilia Herrera presentó un proyecto de ley ante el Senado [DOC] para reformar algunos artículos de la Ley General de Ciencia y Tecnología, así como de la Ley de Educación, para permitir el acceso abierto a investigaciones financiadas por el Estado.
Sin embargo, la misma senadora retiró su propuesta en agosto para organizar una serie de discusiones con académicos e investigadores, de modo que la ley de acceso abierto considerara la mayor cantidad de visiones posible. Más tarde, el 9 de diciembre de 2013 -y ya con las aportaciones de los foros de discusión– Herrera volvió a presentar la iniciativa.
En esta ocasión el apoyo fue unánime. Tras pasar con éxito por las comisiones, el pleno del Senado aprobó con 74 votos la iniciativa. Con esta ley, los académicos que hayan hecho investigaciones con recursos o infraestructura pública podrán dejar –por decisión personal– una copia en el Repositorio Nacional; y se contempla el fortalecimiento y creación de repositorios regionales e institucionales por parte del gobierno.
Sin duda, se trata de un paso importante desde la ley para el acceso abierto, dándole el carácter de obligatorio a las instituciones para su promoción, pero dando discrecionalidad a los investigadores para diseminar su trabajo. El siguiente paso no sólo será que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa, sino que la academia mexicana haga entender a sus integrantes la importancia de compartir el conocimiento desde las universidades y los centros de investigación. Ahí está el reto.
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