No a la sociedad vigilada

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Abogados

 

Los últimos hechos policiales producidos por las bombas que han causado daños severos en muchas personas, han llevado a que las autoridades, políticos y organismos de investigación estén promoviendo modificaciones sustanciales en la legislación penal, especialmente la antiterrorista. Tales cambios se orientan, en su esencia, a otorgar a los cuerpos encargados de la investigación criminal o de las labores de inteligencia nuevas facultades especialísimas que les permitan estar informados de todo lo que sucede en el país y de las actividades que realizan los habitantes de esta tierra. Al mismo tiempo se promueven modificaciones a algunos textos legales para aumentar las penas de diversos delitos.

No cabe la menor duda que los primeros propósitos de tales iniciativas son compartidos mayoritariamente. Lograr que los culpables de delitos extraordinariamente dañinos sean severamente castigados, es una pretensión admisible. El Estado de derecho se fortalece en la exacta medida en que las personas confían en sus instituciones cuando éstas resguardan el derecho a vivir en paz, sin estar expuestos al riesgo de ser víctimas de homicidios, robos, estafas y otros delitos.

Sin embargo, cuando con el elevado propósito de ofrecer mayores garantías a la comunidad y asegurar a ésta la correcta persecución penal de los delitos, se comienzan a promover políticas que de ser aprobadas se traducirían en que Chile pasaría a ser una especie de sociedad completamente vigilada y espiada, evidentemente que se está equivocando el camino.

Un análisis desapasionado de la institucionalidad chilena en estas materias, particularmente en lo que dice relación con aquella que regula el funcionamiento del Ministerio Público, de las policías y de los Tribunales de Justicia, permite arribar a la afirmación de que si los órganos del Estado de esa naturaleza utilizan efectivamente sus atribuciones, las investigaciones se encuentran suficientemente aseguradas, sin que sea menester diseñar políticas que incrementen las facultades de los mismos.

Las ideas que se encuentran en el ambiente, tales como agentes encubiertos, labores de inteligencia llevadas a cabo por cuerpos especialmente capacitados, en definitiva el espionaje institucionalizado, encuentran su origen en otros países. Estos tienen una historia y cultura muy diferentes a las nuestras. Así, por ejemplo, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña y Alemania, tienen una vasta experiencia en estos temas. La historia está plagada de ejemplos que permiten afirmar que tales países han transformado las tareas de inteligencia en políticas oficiales para ejercer el poder en el mundo, llevar a cabo guerras totales y parciales, persecuciones del terrorismo, narcotráfico, etc. La literatura y el cine nos muestran cómo tales países y sus organismos utilizan y muchas veces mal utilizan las tareas de inteligencia. Toda la tecnología contemporánea se encuentra a disposición de vigilancias, particulares y globales, que prácticamente no tienen límites.

Con posterioridad a los hechos del 11 de septiembre ocurridos en New York, en Estados Unidos se consideró que sus organismos de seguridad no estaban investidos de facultades suficientes. De allí surgió lo que se llegó a denominar “Acta Patriótica”, que a decir de abogados norteamericanos abrogaron el Estado de derecho. Evidentemente tal legislación obedeció a una determinada reacción del gobierno del Presidente Bush que dividió al mundo entre las fuerzas del bien y del mal. Encontrándose el mundo en una guerra entre tales fuerzas, debía optarse por las fuerzas del bien y estas deberían quedar dotadas de poderes superiores para terminar con las fuerzas del mal. De allí que el mundo entero debería quedar sometido a una vigilancia permanente para detener a tiempo a las organizaciones terroristas.

Estamos ciertos que en Chile el discurso anterior no penetró, por lo menos en aquella época, y es así como se logró llevar a cabo una reforma procesal profunda, que en alguna medida fue una respuesta a la experiencia sufrida por Chile durante la dictadura.

En el mismo día que tuvieron lugar los lamentables hechos de la bomba que explotó en la Estación Metro Escuela Militar y a pocas horas de haberse producido los mismos, las autoridades políticas del país comenzaron inmediatamente a hablar y difundir propuestas de modificaciones a los cuerpos legales relacionados con los delitos terroristas y las actividades de inteligencia.

Pareciera que, de un solo golpe, el discurso de Bush, la lucha entre las fuerzas del mal y las del bien, se hubiera instalado en las mentes de las autoridades. El razonamiento de éstas pareciera ser el siguiente: los organismos de persecución criminal carecerían hoy de facultades para investigar y perseguir tales delitos, y el Poder Legislativo, optando por el bien, debería aprobar toda una nueva legislación, fuertemente represiva, sancionatoria, que otorgue las más amplias facultades de investigación para controlar y fiscalizar todo lo que sucede en el país y todo lo que podría suceder. Esto es, sin hablar de un “Acta Patriotica” y sin utilizar la misma terminología de aquella, en Chile se está promoviendo, erróneamente, un nuevo ordenamiento jurídico que permita vigilar todo lo que suceda en la sociedad, ya que esta sería la condición necesaria para poder prevenir las conductas delictivas en examen.

Disentimos completamente de tales propuestas, ya que ellas constituyen una sobrerreacción. Una forma de dar respuesta a la opinión pública al temor que se ha creado por delitos que no logran ser descubiertos a tiempo. Pero esa sobrerreacción se construye en una dirección equivocada, que pone en peligro lo que constituye la esencia del Estado de derecho. Este existe cuando los ciudadanos se encuentran suficientemente protegidos en el ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales. El cuerpo fundamental de estas garantías dice relación con la necesidad de que cada ciudadano o ciudadana esté investido de derechos para impedir ser víctima u objeto de investigaciones excesivas o exageradas. Cuando los organismos del Estado tienen facultades, más allá de todo límite razonable, el Estado de derecho comienza a desaparecer. El espionaje en una sociedad, cuando es ejercido con tutela legal por entes públicos, ha terminado siempre, en todas las sociedades, por impedir el pleno ejercicio de las libertades públicas.

El exceso de facultades que se pretenden otorgar a distintos órganos públicos, particularmente a aquellos encargados de tareas de inteligencia o de la persecución penal y policial, siempre han terminado por estructurar Estados y sistemas jurídicos autoritarios. Los abusos que cometen tales entes, cuando se les dota de atribuciones desmedidas, tienen una larga historia. Se demandan mayores atribuciones, pero estas siempre han terminado por ser instrumentos dañinos para un auténtico sistema de respaldo pleno de los derechos humanos.

Combatamos el terrorismo, así como otros delitos; apliquemos al máximo todo el rigor de las leyes, pero no transformemos al Estado de Chile en un Estado policial y, a la sociedad chilena, en una sociedad permanentemente vigilada.

Que no se encubran las malas administraciones y la incapacidad para administrar los recursos, con políticas de hipertrofia legislativa insoportable y antidemocrática, de hemorragias de nuevos órganos penales o de facultades de investigación exorbitantes y desproporcionadas. Debe existir un contrapeso en el ejercicio de los poderes. Tal contrapeso desaparece cuando se pretende institucionalizar la vigilancia completa.

Chile no está en el centro de la llamada Tercera Guerra Mundial. No nos confundamos. Debemos distinguir terrorismo de Estado, terrorismo civil y anarquismo, y por sobre todo analizar las profundas causas que provocan respuestas tan extrañas y violentas. No debemos separar a la sociedad del problema, porque es muy posible que en ésta encontremos la respuesta. Se requiere un profundo estudio sobre la específica criminalidad de nuestro país, para así no confundirnos con lo que está sucediendo en otros lugares del mundo.

Es muy fácil pasar de un régimen democrático a un Estado autoritario. Cuando el Estado de derecho cede, y se consagran verdaderos cercos legales que hacen factible espiar, observar y vigilar todo lo que sucede en una sociedad, la democracia termina por desaparecer. El frenesí legislativo y la carrera por elevar las penas de los delitos, hasta el infinito, la multiplicación de nuevas figuras delictivas y la copia de estrategias seguidas en los países del primer mundo, al ser copiadas, terminarán dañando la plena vigencia de los derechos fundamentales y, muy específicamente, de los derechos humanos en nuestra sociedad.

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