Oficialismo pone en riesgo acuerdo negociado por Piñera con EE.UU. sobre exención de visa

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PIÑERA OBAMA

El lunes pasado, el nuevo embajador de Estados Unidos, Mike Hammer, se reunió con el presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud. En el diálogo, el diplomático planteó su inquietud por el riesgo de que Chile termine dejando sin efecto el programa Visa Waiver, que permite a turistas viajar a EE.UU. sin tramitar visa.

Hammer estaba al tanto de lo ocurrido un par de semanas antes en el hemiciclo. El jueves 10 de abril, varios diputados -principalmente de la Nueva Mayoría- amenazaron con rechazar uno de los requisitos para el funcionamiento de Visa Waiver, programa que había comenzado a operar recién a fines de marzo y que había sido destacado por el gobierno de Sebastián Piñera como uno de sus logros más vistosos en política exterior.

Para la administración piñerista, entrar a la exclusiva lista de 36 países cuyos ciudadanos no necesitan visa para ingresar a territorio norteamericano era no sólo una señal de buena relación con la Casa Blanca, sino también de estatus como país confiable y seguro. Además de eliminar un trámite caro y engorroso para los ciudadanos chilenos.

Para ello, Chile debió cumplir varias condiciones. Una de ellas, un acuerdo de cooperación en caso de delitos graves, ya firmado por ambos gobiernos pero cuya ratificación es debatida en el Congreso.

Cuestionamientos de parlamentarios

El jueves 10 de abril, la sala de la Cámara de Diputados debía votar el acuerdo entre Chile y EE.UU. que permitirá intercambiar información personal en casos de delitos graves. Dicho instrumento había sido aprobado por la comisión de RR.EE., con la abstención del presidente del PC, Guillermo Teillier.

Ese día, sin embargo, varios diputados presentaron reparos. Entre ellos, los ex dirigentes estudiantiles Giorgio Jackson (independiente), Camila Vallejo y Karol Cariola, ambas PC. También los DC Fuad Chahín y Patricio Vallespín, Sergio Aguiló (Izquierda Ciudadana) y los PPD Enrique Jaramillo y Loreto Carvajal.

El acuerdo en discusión permite, entre otras disposiciones, consultas directas de perfiles de huellas digitales y ADN, además de acceso a datos personales como nombre, alias, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte y de otros documentos de identidad, además de descripciones de cualquier condena anterior.

“Cometerán o han cometido delitos terroristas”…

Lo anterior, cuando el país requiriente investigue delitos “graves”; vale decir, conductas que se exponen a pena privativa de libertad al menos de un año. En casos de “terrorismo”, ambos países podrán, “en observancia de su respectivo derecho interno y en casos individuales, incluso sin que les sea solicitado”, entregar información personal cuando existan “circunstancias específicas, que dan motivos para considerar” que dichas personas “cometerán o han cometido delitos terroristas o relacionados con grupos o asociaciones terroristas, o participarán o han participado en tales delitos o conductas según se definen en el derecho interno de la parte que proporciona los datos; o están recibiendo o han recibido capacitación para cometer los delitos”.

O, se agrega, que “cometerán o han cometido un delito grave o participan en un grupo o asociación criminal organizada”.

Estas condiciones generaron inquietud en varios parlamentarios. Las principales dudas apuntaban a la privacidad de la información personal, cuál será el manejo que dará EE.UU. a esos datos, si podrían compartirlos con terceros países e, incluso, si Washington podrá cuestionar el ingreso de dirigentes indígenas o estudiantiles. “(EE.UU.) establece la limitación a la protección de los datos personales ante una mera amenaza, no ante la ocurrencia de un atentado”, dijo en dicha sesión Fuad Chahín (ver intervenciones en página 19).

Además, más allá de las disposiciones de la norma, algunos diputados plantearon su desconfianza derechamente ante el gobierno norteamericano. “Me da un poco de escalofrío este proyecto (…) conocemos el rol intervencionista de EE.UU.”, señaló Camila Vallejo.

Ante las dudas, ese jueves 10 de abril la Cámara decidió por 48 votos del oficialismo versus 35 en contra (en su mayoría de la Alianza), devolver el proyecto a la comisión, para requerir más antecedentes. Sin embargo, en los días posteriores, la comisión resolvió devolver el proyecto a la sala, sin agregar nueva información.

En este escenario, RR.EE. está preparando una estrategia de lobby en el Congreso (ver recuadro).

RR.EE. alista lobby en la Cámara para salvar polémico acuerdo

Tomar contacto directo con los parlamentarios críticos del acuerdo de intercambio de información personal con EE.UU. es uno de los planes que trabaja por estos días la Cancillería, a cargo de Heraldo Muñoz.

Según dicen en el edificio Carrera, hay varias de las dudas planteadas por los parlamentarios cuyas respuestas están incluidas en el mismo texto. Por ejemplo, que ninguna de las partes puede dar a un tercer Estado la información compartida, a menos que exista expreso consentimiento de quien entrega.

De hecho, en el ministerio recalcan que la entrega de información, de acuerdo al texto en cuestión, está regulada por el ordenamiento jurídico del país que entrega los datos. Así también su uso posterior.

De todas maneras, en el Ministerio de RR.EE. afirman que, para que este acuerdo sea implementado, es necesario enviar un proyecto de ley distinto, que establezca los procedimientos concretos con que operará. Así, uno de los caminos analizados es que, en dicha norma, se puedan establecer los límites y condiciones en que Chile compartirá información personal de sus ciudadanos con EE.UU.

Esto, explican en RR.EE., pues el mismo acuerdo firmado con EE.UU. permite al país que entrega datos fijar ciertas condiciones para la manipulación de dicha información. “Incluso, podríamos trabajar indicaciones en conjunto con los parlamentarios, para evitar cualquier duda”, dicen en el edificio Carrera.

Lo importante, agregan en el gobierno, es que quede claro en el Parlamento que el instrumento pactado con la Casa Blanca da garantías a Santiago de que no habrá mal uso de información personal de ciudadanos chilenos.

Jackson (Indep.): “Espionaje reiterado” de EE.UU.

La transferencia de datos personales de ciudadanos chilenos “afecta el derecho a la privacidad” establecido en tratados suscritos por Chile, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de DD.HH., dijo Giorgio Jackson en el hemiciclo.

“EE.UU. no constituye precisamente un ejemplo en cuanto a manejo de datos privados. Eso no solamente se basa en una especulación, sino en la constatación del mal uso y espionaje reiterado que han ejercido los gobiernos de dicho país”, agregó el parlamentario.

Chahín (DC): “Tratado tenía letra chica”

“Hablamos de un país que tiene un derecho penal del enemigo y que establece la limitación a la protección de datos personales ante una mera amenaza, no ante la ocurrencia de un atentado a la seguridad pública”, dijo el diputado DC el 10 de abril en la Cámara Baja.

Y agregó que “estamos eliminando todos los avances en materia de información (…) No estamos en condiciones de suscribir acuerdos como éste, a pesar de que se nos explicó que era necesario para que los chilenos ingresen sin visa (…) Ese tratado tenía letra chica que dejará en desamparo la información personal y sensible de los chilenos”.

Aguiló (IC): “Se autoarroga el rol de guardián del mundo”

El diputado Sergio Aguiló señaló en el Congreso que “si Chile se va a ver obligado a entregar información sobre la base de lo que en EE.UU. se califica como grupos terroristas, ya sea una organización estudiantil, de la etnia mapuche, etcétera, aunque en Chile no se los califique como tales, estaremos haciendo no sólo una cesión de soberanía, sino que también importando conceptos y definiciones foráneos”.

“EE.UU. se autoarroga el rol de guardián del mundo respecto de organizaciones políticas, países y organizaciones internacionales que ellos definen como terroristas”, indicó.

Vallejo (PC): “Me da escalofrío este proyecto de acuerdo”

“Si me preguntan si prefiero entrar a EE.UU. sin visa y ceder soberanía, obviamente elijo pagar la visa antes que ceder soberanía”, dijo Camila Vallejo en el debate en el Parlamento. “Tal como está formulado el proyecto es ceder soberanía, es generar en el ámbito legal mayor intervención de EE.UU. en materia de inteligencia, toda vez que deja sin claridad alguna qué se entiende por terrorismo o por terroristas en ambos países”, agregó la diputada, quien dijo que rechazaría el proyecto que le “da un poco de escalofrío… Me pregunto cuánta soberanía estaríamos cediendo”.

Vallespín (DC): “Riesgo de aplicación arbitraria”

“Ojalá que el Ejecutivo, el actual gobierno, nuestro gobierno, el de la Nueva Mayoría, entienda y priorice una nueva legislación de protección de datos personales, con una agencia encargada de esa protección”, señaló el diputado Patricio Vallespín. Aunque calificó el acuerdo como positivo en general, agregó que Chile carece de normas para la protección de datos personales. “No vaya a ser cosa que las ambigüedades de que adolece nuestra legislación (…) redunden en una aplicación arbitraria de las exigencias que nos pueda hacer EE.UU.”.

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