Nuestra principal riqueza -el cobre- está en manos de empresas extranjeras. Ellas controlan la economía nacional. Se genera una concentración económica que impide el emprendimiento de los pequeños y medianos empresarios.

LA CONSTITUCIÓN DE 1980 NO ES MÁS QUE UN BANDO (el Decreto Ley N° 3464) firmado por cuatro generales golpistas y criminales que se arrogaron la potestad de decidir por toda la sociedad.
Esta Constitución espuria Impide la participación ciudadana en las decisiones del país. Se asegura así el poder político y económico en un grupo pequeño de personas y excluye a los movimientos sociales y ciudadanos.
Chile es uno de los países más ricos del mundo.

Y la Asamblea Constituyente – al reorganizar la sociedad y el Estado – significaría que todas y todos pudiéramos descubrir la posibilidad de vivir en la abundancia, protegiendo a la madre tierra, si nos repartiéramos equitativamente la torta.
Y podríamos opinar y decidir democráticamente.
Si ello ocurre, se acaba el gran negocio del que lucran un puñado de empresas transnacionales y la plutocracia nativa. Por eso es que la elite empresarial-militar-parlamentaria busca fórmulas para impedir que la gente sepa qué es una Constitución y descubra su derecho a formar parte del PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO que convoque una Asamblea Constituyente en la que todos tengamos derecho a decidir.

Los intereses y proyectos de esa elite van contra la mayoría de los chilenos, por eso es que no pueden lograr sus objetivos en democracia y, por consiguiente, hacen trampas para excluir a la mayoría ciudadana