Uno de los asuntos de 2013 que más controversia han generado han sido las filtraciones de Edward Snowden sobre las actividades de espionaje de la NSA. Cara a la opinión pública, la NSA nos ha mostrado la imagen de una agencia “casi descontrolada” que ha tejido una enorme red cuyos tentáculos se han colado en las empresas de Internet y desde donde se ha espiado a líderes de países que, incluso, eran aliados de Estados Unidos. Además de afectar a las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con sus aliados, la actividad de la NSA sobrepasó sus límites y terminaron espiando a ciudadanos de Estados Unidos (un hecho que choca con las normas de la agencia y el marco legal que sustenta las actividades para “luchar contra el terrorismo”).
El pasado mes de agosto trascendió que, efectivamente, la NSA había interceptado comunicaciones de ciudadanos estadounidenses y, aunque intentaron quitarle importancia con un comunicado aclaratorio, la realidad es que la Unión Americana de Libertades Civiles consideró que el programam violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos:
El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.
El caso fue llevado a un Tribunal Federal en Nueva York y, esta misma tarde, el Juez William Pauley ha dilapidado cualquier duda y ha dictaminado que los programas de espionaje de la NSA son legales. Concretamente, el magistrado considera que la recolección masiva de llamadas telefónicas para su análisis es una actividad perfectamente legal dentro del objetivo de la lucha contra el terrorismo.
Dicho de otra forma, según Pauley, no hay ninguna prueba que demuestre que los datos recopilados por la NSA se hayan usado con fines distintos a la lucha antiterrorista y, por tanto, considera que no le corresponde a un juez parar esta actividad que ha permitido desarticular atentados como los del 11-S. De hecho, para asentar su decisión, en su informe considera que si las agencias federales hubiesen tenido un sistema así, seguramente el 11-S podría haberse evitado y, además, entiende que no es un tribunal el que debe decidir sobre este tipo de actividades, trasladando la responsabilidad al Gobierno y el Congreso.
Paul J. Richards/AFP/Getty Images
Es curioso que el juez haya llegado a esta conclusión dos semanas más tarde que otro Tribunal Federal (esta vez en Washington) considerase indicios de inconstitucionalidad en el programa de espionaje de la NSA y lo comparase con 1984, la obra de George Orwell.
¿Y ahora qué? La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles ha sido rechazada, por tanto esta vía parece quedar muerta. Quizás pueda prosperar otras vías que hay abiertas pero, honestamente, dudo mucho que un Tribunal Federal vaya pararle los pies a la NSA.
Uno de los asuntos de 2013 que más controversia han generado han sido las filtraciones de Edward Snowden sobre las actividades de espionaje de la NSA. Cara a la opinión pública, la NSA nos ha mostrado la imagen de una agencia “casi descontrolada” que ha tejido una enorme red cuyos tentáculos se han colado en las empresas de Internet y desde donde se ha espiado a líderes de países que, incluso, eran aliados de Estados Unidos. Además de afectar a las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con sus aliados, la actividad de la NSA sobrepasó sus límites y terminaron espiando a ciudadanos de Estados Unidos (un hecho que choca con las normas de la agencia y el marco legal que sustenta las actividades para “luchar contra el terrorismo”).
El pasado mes de agosto trascendió que, efectivamente, la NSA había interceptado comunicaciones de ciudadanos estadounidenses y, aunque intentaron quitarle importancia con un comunicado aclaratorio, la realidad es que la Unión Americana de Libertades Civiles consideró que el programam violaba la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos:
El caso fue llevado a un Tribunal Federal en Nueva York y, esta misma tarde, el Juez William Pauley ha dilapidado cualquier duda y ha dictaminado que los programas de espionaje de la NSA son legales. Concretamente, el magistrado considera que la recolección masiva de llamadas telefónicas para su análisis es una actividad perfectamente legal dentro del objetivo de la lucha contra el terrorismo.
Dicho de otra forma, según Pauley, no hay ninguna prueba que demuestre que los datos recopilados por la NSA se hayan usado con fines distintos a la lucha antiterrorista y, por tanto, considera que no le corresponde a un juez parar esta actividad que ha permitido desarticular atentados como los del 11-S. De hecho, para asentar su decisión, en su informe considera que si las agencias federales hubiesen tenido un sistema así, seguramente el 11-S podría haberse evitado y, además, entiende que no es un tribunal el que debe decidir sobre este tipo de actividades, trasladando la responsabilidad al Gobierno y el Congreso.
Paul J. Richards/AFP/Getty Images
Es curioso que el juez haya llegado a esta conclusión dos semanas más tarde que otro Tribunal Federal (esta vez en Washington) considerase indicios de inconstitucionalidad en el programa de espionaje de la NSA y lo comparase con 1984, la obra de George Orwell.
¿Y ahora qué? La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles ha sido rechazada, por tanto esta vía parece quedar muerta. Quizás pueda prosperar otras vías que hay abiertas pero, honestamente, dudo mucho que un Tribunal Federal vaya pararle los pies a la NSA.
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