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Políticas vs. policía

Es la enésima vez que veo este comportamiento: una compañía crea una plataforma, que con el tiempo triunfa y se convierte en un ecosistema, y como en todos los ecosistemas – y de esto los biólogos sabemos mucho – surgen comportamientos oportunistas y parásitos, particularmente identificados en el caso de los ecosistemas humanos con una subespecie por todos desgraciadamente conocida: los delincuentes.

Lo vimos, por ejemplo, cuando comenzó la publicidad en Google, y surgió el escándalo de los llamados dialers, programas que cambiaban el número de teléfono a través del cual te conectabas a la red (hablamos de hace muchos años, cuando las conexiones eran dial-up, se llevaban a cabo a través de una llamada) y ponían en su lugar un número de tarificación especial, y estafaban al usuario una cantidad de dinero determinada. Durante bastante tiempo, Google permaneció impasible ante estos delincuentes, que se publicitaban abiertamente en AdWords, por una razón muy sencilla: aunque lo que llevaban a cabo era a todas luces una estafa punible, pagaban una comisión a la compañía por cada clic en esos anuncios, lo que permitía que la compañía incrementase su facturación. Convertía eso a la compañía en cómplice de un delito? Sin duda, pero nunca pasó nada.

En muchos sentidos, que sobre una plataforma aparezcan aprovechados y delincuentes es una consecuencia que demuestra su éxito: los aprovechados y delincuentes no se desgastan planteando sus delitos en plataformas que no han alcanzado un nivel suficiente de popularidad como para proporcionarles buenas rentas. Pero con el éxito, no lo olvidemos, llegan necesariamente las responsabilidades. Y si no llegan, quien tiene que llegar es la policía.

Ahora, el WSJ publica un reportaje sobre el creciente nivel de fraude en Google Maps: miles de delincuentes llenan sus mapas con listados de supuestos negocios – cerrajeros, electricistas, fontaneros, grúas y otros negocios en los que la localización es fundamental – que sitúan en un montón de localizaciones falsas cubriendo toda una ciudad, y que en realidad son simples estafadores que llevan a cabo servicios irregulares, fraudes e incluso comportamientos abiertamente delictivos.

Google responde rápidamente al reportaje con su típica nota de prensa llena de buenismo… «no, en realidad no es para tanto», «son casos aislados», «hacemos lo que podemos», «luchamos contra el fraude»; cuando la realidad es que la compañía no solo no hace lo que tendría que hacer, que es imponer una política en la que para registrar un negocio sea imprescindible demostrar fehacientemente la existencia de una localización determinada adscrita a la actividad, sino que además, se beneficio abiertamente de ese esquema porque le permite cobrar más comisiones. No, gestionar una plataforma no es simplemente abrirla al tráfico y que sea lo que dios quiera: si no sabes, no puede o no quieres controlar los malos usos, tienes forzosamente que tener una responsabilidad que vaya más allá de una cara de circunstancias y una tímida disculpa. Las plataformas tienen una responsabilidad con sus usuarios, y si no saben ejercerla, tienen que entrar la policía y los jueces para que se hagan responsables a todos los efectos. Sin matices. Sin medias tintas. Es lo que hay.

Pretender que una compañía que se beneficia económicamente de un esquema delictivo determinado ponga fin a ese esquema mediante políticas estrictas es, sencillamente, ingenuo. La vía para responder a esquemas delictivos no son las políticas corporativas, es la policía. Quien llena el mapa de una ciudad de listados falsos de un negocio no es «un listillo», ni «un espabilado», ni «un travieso»: es un DELINCUENTE, así, en mayúsculas, un maldito estafador, y no debe ser simplemente reconvenido por las políticas corporativas de la compañía, que se limitan a borrar su listado y le permiten tranquilamente abrir otros, sino detenido por la policía y puesto a disposición de un juez. La cosa, además, no debe detenerse ahí: a partir del momento en que se puede demostrar que la compañía que gestiona la plataforma sabía de esos comportamientos y no modificó sus políticas corporativas para impedirlo, la compañía debe ser como tal considerada CÓMPLICE de los delitos que se cometan, y por tanto, debe recaer sobre ella la responsabilidad pertinente, a todos los niveles, incluyendo la indemnización a las víctimas.

Me da lo mismo que sea Google con sus listados, Facebook con la publicidad de productos irregulares o con sus Likes y followers en venta, Amazon con la de productos falsificados, Apple con las apps malintencionadas, o quien sea: si se comete un delito en tu plataforma, o peor, si se convierte en un mercado persa de delitos, no haces nada para evitarlo, y peor aún, te beneficias económicamente de ello, la ley tiene que caer sobre ti y sobre tu compañía con todo su peso, exactamente igual que si el delito se hubiera cometido en el patio de tu casa por un delincuente que te paga un alquiler por ubicarse allí. La red es ya un contexto completamente normal de nuestra vida, y los delitos cometidos en la red tienen que recibir la misma consideración que los cometidos fuera de ella. El «hago lo que puedo» o «vaya, qué malos y qué listos son los malos» mientras por otro lado acepto que me paguen comisiones es una actitud completamente inaceptable, sin que puedan servir excusas de ningún tipo.

Si las políticas corporativas de tu plataforma no detienen los comportamientos delictivos, sea porque no las sabes hacer bien, porque eres un incapaz, o peor, porque te beneficias económicamente con ello, quien tiene que actuar es la policía, y ponerte tanto a ti como a los delincuentes que han aprovechado tu debilidad ante un juez. No creando para ello nuevas tipologías de delito, sino utilizando las que ya existían. Es la única manera de detener este tipo de problemas. Si pretendemos sentarnos a esperar a que sean las propias compañías interesadas las que los paren, nunca llegaremos a ningún sitio.

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