No hay claros beneficios para el país

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por Carlos Furche para La Tercera

LUEGO DE la reciente reunión de líderes de Apec, el Presidente Sebastián Piñera reiteró su interés de que las negociaciones del Acuerdo Trans-Pacífico (o TPP, por sus siglas en inglés) concluyan antes de fines del presente año. Si bien esta vez destacó la necesidad de un enfoque flexible capaz de adaptarse a las necesidades de los diferentes socios, subsiste la preocupación respecto del balance y conveniencia para Chile de este acuerdo.

En efecto, Chile es el único país que posee TLC con los otros 11 países participantes; por ello, sus posibilidades de obtener ventajas de acceso a mercados son muy limitadas. La obtención de eventuales beneficios por la vía de la flexibilización y armonización de reglas de origen y por la posible acumulación de origen no han sido hasta ahora demostradas ni cualitativa ni cuantitativamente, como tampoco lo ha sido la afirmación de que nuestro principal costo sería no participar.

Tampoco parece plausible el argumento de que nuestra presencia en el TPP nos permitirá participar en la definición de futuras reglas del comercio mundial. Ello no pasa de ser una expresión de deseos o una ilusión óptica, pues es evidente que de ocurrir aquello, las pautas serán establecidas por las economías más poderosas.

La escasa información entregada por los responsables de esta negociación muestra que se están discutiendo concesiones en materias sensibles, como propiedad intelectual, derechos digitales, regulación de empresas del Estado, control del flujo de capitales, coherencia regulatoria y medioambiente, entre otros, sin que se conozcan los detalles del debate y mucho menos las posiciones de nuestros negociadores, a pesar de que algunas nuevas concesiones  pueden comprometer seriamente el diseño y operación de políticas públicas en salud, cultura, acceso de los ciudadanos a contenidos de internet, y en otros ámbitos, como por ejemplo  al establecimiento de empresas del Estado.

Hasta el momento, la relación costo-beneficio de esta negociación es negativa para Chile, y el efecto político de este acuerdo parece igualmente dudoso para los intereses de nuestro país. Se hace necesario restablecer la condición de política de Estado que hasta el año 2010 tuvo la política comercial. Para ello debe reponerse el debate amplio con el Congreso, los sectores productivos, los trabajadores, el mundo académico y la sociedad civil en general, para explicar sus alcances y para buscar puntos de acuerdo con aquellos que expresan reparos o consideran negativa esta negociación.

El  acuerdo del Senado, demandando del gobierno mayor información, es un llamado de atención a las autoridades de Direcon, en la medida en que le solicita aquello que la ley y el sentido común le obliga a efectuar. El anuncio de la Sofofa de encargar un estudio independiente para analizar el impacto de este acuerdo es igualmente revelador del desconocimiento y desconfianza con que se le observa en amplios sectores, lo que es una consecuencia directa del secretismo con que se le ha llevado adelante.

Por último, la cercanía de las elecciones presidencial y parlamentaria debería ser un factor adicional para actuar con cautela y establecer mecanismos de consulta, pues aun cuando se concluya la negociación en los próximos meses, la aprobación de este acuerdo en el Congreso y su posterior implementación corresponderán al próximo gobierno, lo que se hará más difícil si se actúa con una política de hechos consumados.

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