Fuente: Rollingstone

En el momento en el que el debate por la libertad en Internet enturbia el futuro de la música, un repaso breve a través de la historia de los defensores de sus mecanismos; opiná

Radiohead

Negro. Desde la perspectiva actual, el futuro de la música en Internet se percibe turbio: con el debate generado por el avance de las reglamentaciones SOPA y PIPA en el Congreso de los Estados Unidos, sumado a la concreción de la baja de un monstruo como Megaupload, la polémica acerca de la libertad de descarga (gratuita o no), la utilidad de las leyes de copyright y la amenaza de las discográficas, se colocó en el epicentro de la escena musical del mundo... una vez más. Es que a esta altura, a pesar de que existen pruebas fehacientes que indican que la verdadera ganancia de los músicos no proviene por parte de la venta de discos (recordemos que recién este año, gracias a Adele, la industria registró una leve, muy leve alza, cosa que no sucedía desde 2004), muchos no terminan de comprender cómo funciona este sistema virtual que cambió la forma de los consumos y distribución para siempre. La posibilidad de un retroceso en sus mecanismos aterra: las amenazas contra la existencia de nuestras Taringa y Cuevana complican aún más el panorama.

"La piratería es la nueva radio: es la forma en que la música se difunde", dijo Neil Young hace unos días y definió la postal actual. Pasó más de una década desde que Billy Corgan decidió entregar gratuitamente Machina II/ The Friends and Enemies of Modern Music (casi en paralelo a la demanda de Metallica a Napster, la paradoja), en el medio, Trent Reznor al mando de Nine Inch Nails y Radiohead, por ejemplo, encontraron la forma de hacer redituable la descarga de sus discos posteados online. Más allá de algunas idas y vueltas, muchos de los grandes representantes de la música internacional sostienen sus respectivas posiciones favorables al avance indefectible de la democratización de los contenidos. Hace dos años, Liam Gallagher espetó, con su arrogancia característica: "La descarga es lo mismo que yo solía hacer cuando grababa los temas que me gustaban de la radio. Odio a esas grandes y tontas estrellas de rock que se quejan: al menos están bajando tu música, idiota, y prestando atención a lo que hacés".

Aunque la descarga completamente libre y gratuita de álbumes enteros pocas veces es motivada de manera oficial (sí, en estos últimos años, hubo un gran avance con respecto al download legal de singles o adelantos y streaming preliminar), algunos prefieren hacerlo antes que ser "pirateados", especialmente para conservar la calidad de la obra. Ariel Minimal, por ejemplo, contó a RS en una entrevista con respecto al nuevo disco de Pez: "Taringa es sólo una alternativa, nos pareció la más lógica por la popularidad que tiene. Básicamente la idea es ofrecer el disco por Internet. Lo hicimos porque es inevitable. Porque en cuanto vendemos dos o tres CDs ya alguno lo subió. Entonces preferimos subir el disco nosotros con una mejor calidad y que eso juegue a nuestro favor: que funcione como publicidad, que genere interés. Ante la inevitabilidad del download, lo subo yo". Y remató: "Es así. 2012. La música está en Internet. A llorar a otro lado".

2012 pero los retrógradas siguen existiendo, los intereses millonarios también. Con Stop SOPA, una iniciativa apoyada por varios músicos y artistas alrededor del mundo (Peter Gabriel a la cabeza), se intentó embarrar el camino de esas legislaciones que atentarían contra todo lo que se considere "acto de piratería virtual": Trent Reznor, MGMT, Lonely Island, OK Go y otros se manifestaron a través de una carta abierta en la que sostenían que, como profesionales creativos, el delito de violación de las leyes de copyright los afecta de manera muy personal pero que, así y todo, ellos mismos y sus respectivas audiencias se ven beneficiados por las virtudes libres y gratuitas de Internet; el temor a que las políticas contra la piratería termine afectando los servicios legítimos que permiten compartir su obra fue la principal motivación de su reclamo. El aplazamiento fue logrado pero el fantasma de la censura continúa merodeando: mientras Taringa decide mutar lanzando una plataforma de reproducción y descarga legal, adaptarse a la represión no parece ser una opción viable. Al menos no para todos.

DIRECON mantiene las negociaciones en reserva

Como de carácter privado definió la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) las conversaciones entre Chile y los demás países —Perú, Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Singapur, Vietnam, Malasia y Estados Unidos— que actualmente se encuentran negociando el TPP, en un comienzo conocido como acuerdo P4, y que contiene medidas que repercutirían directamente en la legislación chilena respecto a los derechos de autor en Internet. En febrero de 2011, la ONG norteamericana Knowledge Ecology International (KEI) filtró el capítulo de la propiedad intelectual de la propuesta norteamericana para enfrentar el tema.

El TPP es un tratado de libre comercio suscrito en 2005 que ya va en su décima mesa de negociación, esta última realizada el 9 de diciembre de 2011 en Kuala Lumpur, Malasia. Como ocurre con la mayoría de los acuerdos de última generación, sus alcances incluyen el tema de la propiedad intelectual por lo que puede tener implicaciones directas sobre las materias de derechos de autor y en cómo estos se aplican a la difusión de la cultura y al uso de Internet. La próxima ronda de conversaciones se realizará en marzo, en Los Ángeles, EE.UU.

“Si la comparas con SOPA, te das cuenta de que son primas hermanas”, afirma el presidente de Derechos Digitales, Claudio Ruiz, respecto a la propuesta estadounidense. Esta ONG es la que en Chile ha dado la batalla presionando a la Cancillería para que transparente lo que va del acuerdo. “Lo que está pasando hoy en día es que, con un perfil mucho más bajo de lo que pasó con SOPA y con Megaupload, se están llevando a cabo negociaciones en Chile respecto de un tratado que podría tener efectos bien similares”, asegura Ruiz.

La propuesta hecha por la United States Trade Representative (USTR), que a comienzos de 2011 fue filtrada por activistas de KEI, incluye varios puntos similares a los que contenía la bullada ley SOPA. Lo más grave, según los especialistas, es el incentivo a los proveedores de servicios de Internet a responsabilizarse de supervisar lo que los usuarios suben y descargan de la red. Existen tres diferentes tipos de plataformas que se consideran como proveedores: las que proveen acceso a la red (como Entel y VTR), las que ofrecen servicios en Internet (como Google y Facebook) y las que disponen de espacio online donde guardar contenido (como Itunes y Megaupload).

De ser aprobada la medida, éstos se encargarían de ejercer las sanciones a los usuarios sin la necesidad de pasar antes por un tribunal, como impone el protocolo que actualmente rige en Chile. “El sistema funciona con estímulos. Para evitar cualquier acción judicial en su contra, los prestadores deben colaborar y así ellos se hacen inmunes”, explica el abogado de Derechos Digitales, Francisco Vera. “Abre la puerta eventualmente a leyes que permiten desconectar de Internet a los infractores, como la ley Hadopi, en Francia”.

En nuestro país, la ONG Derechos Digitales ha mantenido varios encuentros con la Direcon para averiguar sobre los avances de las negociaciones e incluso apelaron al Consejo de Transparencia, acción que les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales.

Otra de las medidas que propone el proyecto de la USTR es la ampliación de los plazos de protección de obras por derechos de autor. En la práctica esto se traduce en que aquellas que estarían a punto de cumplir el plazo fijado por la normativa actual, tendrían que continuar la espera para salir al dominio público, que es la oportuidad cuando se podrán difundir libremente.

Además, la propuesta concede al titular de los derechos de autor la posibilidad de restringir las importaciones paralelas, un mecanismo que permite que una obra fabricada legalmente en el extranjero pueda ser importada a otro sin necesidad de contar con una autorización.

Expertos en la materia, como Daniel Álvarez, abogado y profesor de privacidad y tecnología de la Universidad de Chile, apuntan a que los principales favorecidos con estas son los intereses norteamericanos. “El problema de todas estas disposiciones es que protegen a una industria súper específica, la norteamericana. Terminamos convertidos en medios importadores de tecnología”, explica Álvarez, quien participó en el foro de la novena mesa de negociaciones realizada en Lima, Perú, el 21 de octubre de 2011. El experto en medios digitales, José Ignacio Stark, añade que “esta legislación hace oídos sordos a una nueva manera de transmitir la cultura, todavía los grandes conglomerados de derechos de autor no parecen entender que demonizar la tecnología no es el camino”.

En nuestro país, la ONG Derechos Digitales ha mantenido varios encuentros con la Direcon para averiguar sobres los avances de las negociaciones e incluso apelaron al Consejo de Transparencia, acción que les fue denegada. La razón: la seguridad nacional y la estabilidad de las negociaciones comerciales. “La diferencia es hacer algo ahora y no después cuando ya no haya nada más que hacer salvo aceptar o rechazar. Evidentemente, el ejecutivo va a querer aceptarlo porque ya lo negoció. Ahí ya va a ser demasiado tarde”, explica Claudio Ruiz. “A todo tipo de ley que no se discuta, que no se converse, como ciudadano me opongo. Estas cosas no pueden negociarse entre cuatro paredes porque involucran los derechos de los ciudadanos”, agrega Mario Romero, director de Transmedia.cl.

Tras ser consultados por el tema, en la Direcon señalan que dado el estado de las negociaciones, no pueden hacer ningún comentario al respecto.

En Estados Unidos, la filtración de la propuesta también sacó ronchas. El senador independiente, Bernard Sander, envió una carta al representante de comercio exterior, Ron Kirk, manifestando su oposición al secreto de las conversaciones y exigiendo la publicación de los textos de la negociación. KEI, que actualmente se coordina con organizaciones de todos los países que integran el tratado, ha expresado su preocupación respecto a la incompatibilidad de las medidas con la legislación norteamericana.

Fuente: Radio U. de Chile

Fuente: La Información

Autor: Marcos Sierra Clemares

¿Confían los internautas en la Agencia Española de Protección de Datos? A tenor de las denuncias que han recibido tras el cierre de Megaupload, no. Los usuarios que han decidido hacerlo para reclamar los datos que mantenían en los servidores de Megaupload han preferido dirigirse a la página del Partido Pirata antes que a la AEPD.

FOTO: Las compañías con servidores de Megaupload empezarán a...

¿Confían los internautas en la Agencia Española de Protección de Datos? A tenor de las denuncias que han recibido tras el cierre de Megaupload, no. Los usuarios que han decidido denunciar para reclamar los datos que mantenían en los servidores de Megaupload han preferido denunciar ante la página del Partido Pirata antes que ante la AEPD.

Lainformacion.com ha confirmado directamente con la Agencia de Protección Oficial de Datos que no han recibido ninguna denuncia, tras casi dos semanas desde que las autoridades norteamericanas cerraran la página.

En el polo opuesto se encuentra el Partido Pirata, que reúne la mayoría de las denuncias de los internautas. Según la formación política, las reclamaciones están por encima de las cinco mil.

"Esto pone de manifiesto la confianza que tiene la comunidad internauta en la Agencia Española de Protección de Datos, que es la que debería defender los intereses de los miles de usuarios que ahora se han quedado sin sus datos", manifiesta Francisco George, miembro de la junta directiva nacional del Partido Pirata.

George manifiesta, además, que lo fácil es pensar que todos los contenidos que había en la página norteamericana son películas y material que vulnera los derechos de propiedad intelectual.

"Muchas personas guardaban en Megaupload fotos y vídeos personales para que sus familiares pudieran descargárselas a miles de kilómetros de distancia. No es cierto que todo el mundo estuviera subiendo contenidos con derechos de protección intelectual para que se los descargaran terceros", ha añadido.