La pobreza en América Latina y el Caribe aumentó en 2015 – Hipertextual

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El número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia.

Año con año la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas trabaja un informe de proyecciones y análisis social de los países miembros de este bloque. En el Panorama Social de América Latina 2015 presentado hace unos días se indica que el número de personas en situación de pobreza creció en alrededor de dos millones en 2014 en comparación con 2013, alcanzando los 168 millones de personas, de los cuales 70 millones estaban en la indigencia.

Así mismo, el documento de CEPAL indica que en 2015 la tasa regional de pobreza habría aumentado a 29,2% de los habitantes de la región (175 millones de personas) y la tasa de indigencia a 12,4% (75 millones de personas). Cabe señalar que este aumento de la pobreza se ubicó en personas pobres no indigentes y se trata de un resultado muy dispar entre los países analizados, pues en unos el crecimiento es menor pero en otros se disparó significativamente en este periodo.

Hasta 2014 estos mismos índices se habían mantenido estables, es decir de la pobreza e indigencia; es por esto que el análisis de esta Comisión llama la atención pues indica que las condiciones de la población de estos países se está enfrentando a cambios sociales que los desfavorecen.

En el mismo documento, la CEPAL analizó el panorama proyectivo demográfico de los países que conforman esta Comisión. En este sentido apuntó que en 2023 la región pasaría de ser una “sociedad juvenil” a una “sociedad adulta joven”; en 2045 se daría inicio a la “sociedad adulta” y en 2052 se estaría frente a una “sociedad envejecida”, con importantes diferencias entre países. Esta proyección supone un reto para los países pues el gasto social para una “sociedad envejecida” es mayor y los servicios de salud y protección social deben responder a las necesidades de este tipo de población.

Por otro lado, también se analizó la distribución de la riqueza y el tema de la desigualdad social. Según la CEPAL hubo un descenso en la desigualdad, la cual se mide con el llamado coeficiente de Gini (donde 0 significa plena igualdad y 1 máxima desigualdad). Así el coeficiente alcanzó 0,491 en 2014, mientras que en 2013 tuvo 0,497 y en 2010 llegó hasta el 0,507. A pesar de esta disminución en 2014, el informe indica que el ingreso per cápita de las personas del 10% de mayores ingresos fue 14 veces superior que el del 40% de menores ingresos.

Esta misma tendencia, es decir de sectores mayormente beneficiados, también se identifican en el acceso a la educación y también en la brecha de género; que en México, por ejemplo, los salarios de las mujeres tienen un rezago de 10 años. Así, en el primer punto el informe es claro en señalar que “mientras un 80% de los jóvenes de 20 a 24 años del quintil de mayores ingresos habían concluido la secundaria en 2013, solo 34% de las personas de igual edad del quintil de menores ingresos tuvieron el mismo logro.”

Sobre la desigualdad se señala que se toman en cuenta factores como sexo, raza, etnia y años de escolaridad; con estos resume que:

se observa que los ingresos laborales medios de los hombres no indígenas ni afrodescendientes cuadriplican a los de las mujeres indígenas y duplican a los de las mujeres afrodescendientes.

Frenar la tendencia

Ruslan Grumble - Shutterstock

Ruslan Grumble – Shutterstock

Si la tendencia estable de pobreza ha terminado y ha comenzado una etapa en la que este factor comience a crecer, serán necesarias varias medidas con sus respectivos programas nacionales. El mismo informe de la CEPAL analiza los esfuerzos de los países en este sentido y señala que si la mayor parte de los ingresos en los hogares de este bloque provienen del trabajo se deben garantizar condiciones laborables favorables para este sector y amplia protección social.

A esto, la CEPAL agrega:

… deben persistir los esfuerzos de promoción del trabajo decente, entre ellos, los de formalización del empleo y de las empresas, de fortalecimiento de los salarios mínimos y de acceso a la protección social, en los que se incluya la igualdad de género como objetivo transversal.

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