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¿El neoliberalismo en Chile erosionó la confianza en la ciencia?

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Es un escenario que se desarrolla en las democracias occidentales
todo el tiempo: Una empresa propone un proyecto de construcción en una
zona que podría ser sensible al medio ambiente. A continuación, el
gobierno recopila datos de expertos independientes para ayudar a evaluar
los posibles impactos del proyecto.

Pero, ¿y si los expertos no fueran independientes? ¿Qué pasaría si el
sistema educativo de un país no se estableciera para producir
conocimiento, sino para generar ingresos? ¿Podía el público confiar en
que el gobierno y sus asesores actuaban en aras del interés público?

Estas son las preguntas que Javiera Barandiarán, profesora asistente
de estudios globales en la Universidad de California, Santa Bárbara,
explora en Science and Environment in Chile: The Politics of Expert Advice in a Neoliberal Democracy (MIT Press, 2018).

Un público desilusionado

Dada su historia, Chile era un país ideal para estudiar. Después de
un golpe de estado respaldado por Estados Unidos que el general Augusto
Pinochet dirigió en 1973, una dictadura militar gobernó el país hasta
1990. En ese tiempo el país adoptó políticas económicas que Barandiarán
describe como “neoliberales”, que ella define como “una ideología
política que privilegia las soluciones basadas en el mercado a las
necesidades colectivas por encima de las que el Estado puede
proporcionar”.

Barandiarán, quien nació en Chile y estudia la política ambiental en
América Latina, señala que si bien el país fue considerado como una
“historia de éxito de transición política y estabilidad”, muchos
chilenos estaban desilusionados. Por qué? Además de la desigualdad y una
frágil prosperidad basada en la deuda, aprendió que había una ira
generalizada por lo que muchos chilenos veían como el abuso del medio
ambiente para beneficiar a las élites empresariales y políticas.

Para entender la dinámica en juego en la revisión ambiental de los
proyectos industriales en Chile, Barandiarán estudió la interacción
entre el Estado y la ciencia en cuatro conflictos ambientales: una
epidemia en las salmoneras del otro lado del mar chileno que provocó el
despido de 25.000 trabajadores; una fábrica de papel y celulosa
contaminante cuya toxicidad provocó la desaparición de miles de cisnes;
un plan respaldado por el Estado para trasladar tres pequeños glaciares a
fin de “protegerlos” de una mina propuesta; y un proyecto de represa
hidroeléctrica planeado en la Patagonia rural.

Lo que encontró fue que el neoliberalismo tuvo un profundo efecto en
la ciencia, o “producción de conocimiento”, en Chile. Desde la
Ilustración, en el pensamiento liberal democrático la ciencia ha sido
visto como la búsqueda de la verdad y fuente de evidencia que los
ciudadanos pueden examinar. La ciencia en esta tradición sirve al bien
público y al Estado democrático. Por el contrario, un estado neoliberal
trata a la ciencia como una mercancía hecha para servir a los intereses
privados.

Pérdida de credibilidad

“Típicamente, los funcionarios del gobierno y los científicos que
entrevisté me decían:’ El estado no puede tener una relación
privilegiada con ningún asesor científico’”, dice Barandiarán. “Tienen
que comprar consejos de la competencia. Esto ha significado que el
estado tiene que comprar datos científicos, información y reportes a
través de diferentes tipos de sistemas de licitación, en lo que yo
describo como un mercado para el conocimiento”.

Una de las graves consecuencias de ese enfoque, dice Barandiarán, es
la pérdida de credibilidad de la ciencia a los ojos del público.

“En todo lo que se ha escrito sobre el neoliberalismo, en Chile y en
otros lugares, muy poco se ha escrito sobre el impacto del
neoliberalismo en la producción de conocimiento”, afirma. “Eso es en lo
que me enfoco en el libro.”

Barandiarán señala que los académicos han estudiado la relación entre
el neoliberalismo y la producción de conocimiento en Estados Unidos -la
disminución de los fondos federales para la investigación, el aumento
de los fondos corporativos para la investigación y la cambiante
estructura de incentivos para las universidades, por ejemplo-, pero las
ramificaciones más allá de la academia son en gran medida territorio
inexplorado.

“Nadie se fijó en lo que eso significa para la gobernabilidad en un
país en vías de desarrollo”, dice. “¿Y cómo cambia eso la credibilidad
de la ciencia fuera de la’torre de marfil’? Lo que este trabajo enfatiza
es que la credibilidad pública de la ciencia es frágil, tiene que ser
mantenida a través de instituciones estables y negociaciones cuidadosas
donde cosas como la autonomía de los científicos son muy importantes”.

Esas condiciones son difíciles de mantener en Chile y otros países,
dice Barandiarán, donde los fondos públicos para la ciencia han sido
escasos y las instituciones han tenido que adaptarse a golpes militares
violentos, así como a acuerdos internacionales que imponen políticas y
normas específicas.

Aunque las circunstancias que rodearon los estudios de caso de
Barandiarán fueron desgarradoras e impregnadas de injusticias, tres de
las cuatro tuvieron resultados ambientales positivos. La planta de
celulosa y papel fue declarada culpable de contaminar un humedal
protegido y se le ordenó tomar una serie de medidas de mitigación y
remediación; la mina de oro fue cerrada permanentemente por un tribunal
ambiental; y los planes para el proyecto hidroeléctrico han sido
cancelados.

Esas victorias reflejan años de arduo trabajo por parte de las
comunidades afectadas y los grupos ambientalistas. Una estrategia
particularmente efectiva que utilizaron fue la de obstruir el acceso de
los científicos a las playas y otros sitios de recolección de datos,
convirtiendo a la ciencia en el “eslabón débil” de este proceso
neoliberal y democrático de revisión ambiental. La estrategia funciona,
dice, dada la desconfianza pública en el asesoramiento científico que se
produce para los intereses privados a través del mercado.

Fuente: UC Santa Bárbara

Fuente 2

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