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¿El neoliberalismo en Chile erosionó la confianza en la ciencia?

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Es un escenario que se desarrolla en las democracias occidentales todo el tiempo: Una empresa propone un proyecto de construcción en una zona que podría ser sensible al medio ambiente. A continuación, el gobierno recopila datos de expertos independientes para ayudar a evaluar los posibles impactos del proyecto.

Pero, ¿y si los expertos no fueran independientes? ¿Qué pasaría si el sistema educativo de un país no se estableciera para producir conocimiento, sino para generar ingresos? ¿Podía el público confiar en que el gobierno y sus asesores actuaban en aras del interés público?

Estas son las preguntas que Javiera Barandiarán, profesora asistente de estudios globales en la Universidad de California, Santa Bárbara, explora en Science and Environment in Chile: The Politics of Expert Advice in a Neoliberal Democracy (MIT Press, 2018).

Un público desilusionado

Dada su historia, Chile era un país ideal para estudiar. Después de un golpe de estado respaldado por Estados Unidos que el general Augusto Pinochet dirigió en 1973, una dictadura militar gobernó el país hasta 1990. En ese tiempo el país adoptó políticas económicas que Barandiarán describe como “neoliberales”, que ella define como “una ideología política que privilegia las soluciones basadas en el mercado a las necesidades colectivas por encima de las que el Estado puede proporcionar”.

Barandiarán, quien nació en Chile y estudia la política ambiental en América Latina, señala que si bien el país fue considerado como una “historia de éxito de transición política y estabilidad”, muchos chilenos estaban desilusionados. Por qué? Además de la desigualdad y una frágil prosperidad basada en la deuda, aprendió que había una ira generalizada por lo que muchos chilenos veían como el abuso del medio ambiente para beneficiar a las élites empresariales y políticas.

Para entender la dinámica en juego en la revisión ambiental de los proyectos industriales en Chile, Barandiarán estudió la interacción entre el Estado y la ciencia en cuatro conflictos ambientales: una epidemia en las salmoneras del otro lado del mar chileno que provocó el despido de 25.000 trabajadores; una fábrica de papel y celulosa contaminante cuya toxicidad provocó la desaparición de miles de cisnes; un plan respaldado por el Estado para trasladar tres pequeños glaciares a fin de “protegerlos” de una mina propuesta; y un proyecto de represa hidroeléctrica planeado en la Patagonia rural.

Lo que encontró fue que el neoliberalismo tuvo un profundo efecto en la ciencia, o “producción de conocimiento”, en Chile. Desde la Ilustración, en el pensamiento liberal democrático la ciencia ha sido visto como la búsqueda de la verdad y fuente de evidencia que los ciudadanos pueden examinar. La ciencia en esta tradición sirve al bien público y al Estado democrático. Por el contrario, un estado neoliberal trata a la ciencia como una mercancía hecha para servir a los intereses privados.

Pérdida de credibilidad

“Típicamente, los funcionarios del gobierno y los científicos que entrevisté me decían:’ El estado no puede tener una relación privilegiada con ningún asesor científico’”, dice Barandiarán. “Tienen que comprar consejos de la competencia. Esto ha significado que el estado tiene que comprar datos científicos, información y reportes a través de diferentes tipos de sistemas de licitación, en lo que yo describo como un mercado para el conocimiento”.

Una de las graves consecuencias de ese enfoque, dice Barandiarán, es la pérdida de credibilidad de la ciencia a los ojos del público.

“En todo lo que se ha escrito sobre el neoliberalismo, en Chile y en otros lugares, muy poco se ha escrito sobre el impacto del neoliberalismo en la producción de conocimiento”, afirma. “Eso es en lo que me enfoco en el libro.”

Barandiarán señala que los académicos han estudiado la relación entre el neoliberalismo y la producción de conocimiento en Estados Unidos -la disminución de los fondos federales para la investigación, el aumento de los fondos corporativos para la investigación y la cambiante estructura de incentivos para las universidades, por ejemplo-, pero las ramificaciones más allá de la academia son en gran medida territorio inexplorado.

“Nadie se fijó en lo que eso significa para la gobernabilidad en un país en vías de desarrollo”, dice. “¿Y cómo cambia eso la credibilidad de la ciencia fuera de la’torre de marfil’? Lo que este trabajo enfatiza es que la credibilidad pública de la ciencia es frágil, tiene que ser mantenida a través de instituciones estables y negociaciones cuidadosas donde cosas como la autonomía de los científicos son muy importantes”.

Esas condiciones son difíciles de mantener en Chile y otros países, dice Barandiarán, donde los fondos públicos para la ciencia han sido escasos y las instituciones han tenido que adaptarse a golpes militares violentos, así como a acuerdos internacionales que imponen políticas y normas específicas.

Aunque las circunstancias que rodearon los estudios de caso de Barandiarán fueron desgarradoras e impregnadas de injusticias, tres de las cuatro tuvieron resultados ambientales positivos. La planta de celulosa y papel fue declarada culpable de contaminar un humedal protegido y se le ordenó tomar una serie de medidas de mitigación y remediación; la mina de oro fue cerrada permanentemente por un tribunal ambiental; y los planes para el proyecto hidroeléctrico han sido cancelados.

Esas victorias reflejan años de arduo trabajo por parte de las comunidades afectadas y los grupos ambientalistas. Una estrategia particularmente efectiva que utilizaron fue la de obstruir el acceso de los científicos a las playas y otros sitios de recolección de datos, convirtiendo a la ciencia en el “eslabón débil” de este proceso neoliberal y democrático de revisión ambiental. La estrategia funciona, dice, dada la desconfianza pública en el asesoramiento científico que se produce para los intereses privados a través del mercado.

Fuente: UC Santa Bárbara

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