La piratería de software es un tema que suele generar bastante controversia. Evidentemente, la venta de licencias de software es un negocio sumamente lucrativo en el que Administraciones Públicas, Empresas y usuarios particulares pagan para poder instalar una aplicación determinada en sus ordenadores personales o en sus servidores; un modelo que, gracias al cloud computing y el software como servicio, está cambiando poco a poco pero, aún así, sigue muy vinculado al arcaico mundo de las licencias.
Lobbies como la BSA se encargan de presionar a los Gobiernos para que persigan la piratería y, de hecho, cuando emprenden una “campaña de concienciación” se tiende a demonizar a los usuarioscomo si los usuarios finales fueran los causantes de las pérdidas de las empresas de software. Vale la pena echar un vistazo a los datos sobre piratería y su impacto en la economía; una información que suele utilizarse para presionar a los Gobiernos para que endurezcan las sanciones o persigan las páginas web que cuelgan aplicaciones para las que, teóricamente, debemos tener una licencia.
Sin embargo, este tipo de campañas, o el endurecimiento de las sanciones, siempre me ha parecido unaactitud hipócrita por parte de los Gobiernos. ¿Y por qué digo que es hipócrita perseguir la piratería desoftware? La respuesta es simple: los Gobiernos también piratean software.
Pues sí, aunque nos pueda parecer algo paradójico, la realidad es así de contundente. Los Gobiernos que persiguen la piratería también son piratas y, como muestra de ello, la Administración Obama ha cerrado un acuerdo de 50 millones de dólares con una empresa desarrolladora de software porque el Ejército de Estados Unidos estaba usando uno de sus productos sin licencia.
Es curioso que en un país cuyo vicepresidente se atreve a decir que la “piratería es robar”, el Ejército haya estado, durante años, usando una aplicación sin licencia. El caso, realmente, es bastante singular porque si bien el Ejército compró las licencias necesarias para 5 servidores y 150 clientes; la realidad es que terminaron instalándolo en 93 servidores y más de 9.000 clientes (sobrepasando con creces el volumen de licencias contratado). Si como bien comentó el vicepresidente Joe Biden en un discurso, la piratería es robar; el Ejército de Estados Unidos robó a Apptricity Software la nada despreciable cantidad de 224 millones de dólares puesto que el coste de cada licencia de servidor era de 1,5 millones de dólares y 5.000 dólares para los equipos cliente.
Apptricity denunció al Gobierno de Estados Unidos y, antes de llegar a los tribunales, se ha sellado un acuerdo de 50 millones de dólares que “cesará las hostilidades” y que, evidentemente, abre la puerta a que el Ejército de Estados Unidos haga una “gran compra” de licencias.
El infractor que persigue a los infractores
Exceder el volumen de licencias contratadas, aunque nos pueda parecer un despiste, suele ser la principal brecha en la gestión de software privativo en los Gobiernos y las empresas. De hecho, permitir estos excesos es también un negocio porque se acaba convirtiendo en un instrumento para la ajustar los precios o comprometer planes de soporte. Apptricity ha recuperado 50 millones y ha ganado un gran contrato que regularice todo el software desplegado por el Ejército de Estados Unidos porque, con ese grado de implantación, es imposible que dejen de usar su producto (y tienen garantizado un gran cliente durante mucho tiempo).
De hecho, esta es la base del negocio hipócrita de las licencias de software en las grandes corporaciones y en los Gobiernos. “Hacer la vista gorda” hasta que el volumen de licencias ilegales es tan grande que no queda otro remedio que negociar para no ir a los tribunales. El juego suele funcionar y los perseguidores de los usuarios terminan pagando para intentar tapar que ellos también piratean software.
Y aunque esto del Ejército de Estados Unidos nos pueda parecer un caso aislado, desgraciadamente los Gobiernos dilapidan millones de dólares en licencias de software y en acuerdos con las empresas desarrolladoras para mitigar los casos de piratería. Gobiernos como el de Filipinas, China, España o las continuas reincidencias de Estados Unidos son buenos ejemplos de la doble moral de los Gobiernos con respecto al software privativo.
La verdad es que vale la pena bucear un poco en busca de datos sobre piratería de software en los Gobiernos porque, aunque pueda parecer un “problema actual”, la realidad es que encontramos casos que ocurrieron durante los años de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos.
¿Y por qué no romper con la hipocresía de este modelo?
Que un Gobierno sancione a usuarios y a empresas por piratear software y luego resulte que cae en las mismas prácticas que persigue es una postura muy hipócrita. Sí, las licencias de software son un negocio que mueve millones de dólares y forman parte del tejido industrial; sin embargo, los Gobiernos deberían emplear el dinero público de manera más eficiente.
Son muchos los Gobiernos de Latinoamérica que han abrazado el software libre como vía para optimizar el gasto público, ganar en independencia tecnológica y escapa del lobby del mundo de las licencias y elsoftware privativo. Países como Brasil han conseguido ahorrar millones de dólares gracias a la implantación de soluciones en software libre, el Ayuntamiento de Munich (Alemania) ha conseguido un ahorro de 4 millones de euros al migrar a software libre los puestos de trabajo de los empleados municipales y hace años que el Gobierno de Francia ahorra dinero en licencias de Microsoft Office por adoptar OpenOffice (y luego LibreOffice) en los puestos de trabajo de sus funcionarios.
El importante ahorro de licencias de software se puede reinvertir en servicios o, como están haciendo en Francia, en mejorar sus herramientas y, de esta forma, contratar nuevos desarrollos. El dinero que se ahorra se reinvierte en hacer más cosas y esto, en mi opinión, sí que es gastar de manera eficiente.
¿Es necesario que un Gobierno se comporte de manera tan hipócrita? Existiendo soluciones en software libre, no sería necesario piratear ni tampoco comprar licencias y, si no existe una solución disponible, creo que es mucho mejor sentar las bases para desarrollarla, abrir el código y hacer crecer el producto antes que realizar estas inversiones que, realmente, no tienen un retorno real.
La piratería de software es un tema que suele generar bastante controversia. Evidentemente, la venta de licencias de software es un negocio sumamente lucrativo en el que Administraciones Públicas, Empresas y usuarios particulares pagan para poder instalar una aplicación determinada en sus ordenadores personales o en sus servidores; un modelo que, gracias al cloud computing y el software como servicio, está cambiando poco a poco pero, aún así, sigue muy vinculado al arcaico mundo de las licencias.
Lobbies como la BSA se encargan de presionar a los Gobiernos para que persigan la piratería y, de hecho, cuando emprenden una “campaña de concienciación” se tiende a demonizar a los usuarioscomo si los usuarios finales fueran los causantes de las pérdidas de las empresas de software. Vale la pena echar un vistazo a los datos sobre piratería y su impacto en la economía; una información que suele utilizarse para presionar a los Gobiernos para que endurezcan las sanciones o persigan las páginas web que cuelgan aplicaciones para las que, teóricamente, debemos tener una licencia.
Sin embargo, este tipo de campañas, o el endurecimiento de las sanciones, siempre me ha parecido unaactitud hipócrita por parte de los Gobiernos. ¿Y por qué digo que es hipócrita perseguir la piratería desoftware? La respuesta es simple: los Gobiernos también piratean software.
Pues sí, aunque nos pueda parecer algo paradójico, la realidad es así de contundente. Los Gobiernos que persiguen la piratería también son piratas y, como muestra de ello, la Administración Obama ha cerrado un acuerdo de 50 millones de dólares con una empresa desarrolladora de software porque el Ejército de Estados Unidos estaba usando uno de sus productos sin licencia.
Es curioso que en un país cuyo vicepresidente se atreve a decir que la “piratería es robar”, el Ejército haya estado, durante años, usando una aplicación sin licencia. El caso, realmente, es bastante singular porque si bien el Ejército compró las licencias necesarias para 5 servidores y 150 clientes; la realidad es que terminaron instalándolo en 93 servidores y más de 9.000 clientes (sobrepasando con creces el volumen de licencias contratado). Si como bien comentó el vicepresidente Joe Biden en un discurso, la piratería es robar; el Ejército de Estados Unidos robó a Apptricity Software la nada despreciable cantidad de 224 millones de dólares puesto que el coste de cada licencia de servidor era de 1,5 millones de dólares y 5.000 dólares para los equipos cliente.
Apptricity denunció al Gobierno de Estados Unidos y, antes de llegar a los tribunales, se ha sellado un acuerdo de 50 millones de dólares que “cesará las hostilidades” y que, evidentemente, abre la puerta a que el Ejército de Estados Unidos haga una “gran compra” de licencias.
El infractor que persigue a los infractores
Exceder el volumen de licencias contratadas, aunque nos pueda parecer un despiste, suele ser la principal brecha en la gestión de software privativo en los Gobiernos y las empresas. De hecho, permitir estos excesos es también un negocio porque se acaba convirtiendo en un instrumento para la ajustar los precios o comprometer planes de soporte. Apptricity ha recuperado 50 millones y ha ganado un gran contrato que regularice todo el software desplegado por el Ejército de Estados Unidos porque, con ese grado de implantación, es imposible que dejen de usar su producto (y tienen garantizado un gran cliente durante mucho tiempo).
De hecho, esta es la base del negocio hipócrita de las licencias de software en las grandes corporaciones y en los Gobiernos. “Hacer la vista gorda” hasta que el volumen de licencias ilegales es tan grande que no queda otro remedio que negociar para no ir a los tribunales. El juego suele funcionar y los perseguidores de los usuarios terminan pagando para intentar tapar que ellos también piratean software.
Y aunque esto del Ejército de Estados Unidos nos pueda parecer un caso aislado, desgraciadamente los Gobiernos dilapidan millones de dólares en licencias de software y en acuerdos con las empresas desarrolladoras para mitigar los casos de piratería. Gobiernos como el de Filipinas, China, España o las continuas reincidencias de Estados Unidos son buenos ejemplos de la doble moral de los Gobiernos con respecto al software privativo.
La verdad es que vale la pena bucear un poco en busca de datos sobre piratería de software en los Gobiernos porque, aunque pueda parecer un “problema actual”, la realidad es que encontramos casos que ocurrieron durante los años de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos.
¿Y por qué no romper con la hipocresía de este modelo?
Que un Gobierno sancione a usuarios y a empresas por piratear software y luego resulte que cae en las mismas prácticas que persigue es una postura muy hipócrita. Sí, las licencias de software son un negocio que mueve millones de dólares y forman parte del tejido industrial; sin embargo, los Gobiernos deberían emplear el dinero público de manera más eficiente.
Son muchos los Gobiernos de Latinoamérica que han abrazado el software libre como vía para optimizar el gasto público, ganar en independencia tecnológica y escapa del lobby del mundo de las licencias y elsoftware privativo. Países como Brasil han conseguido ahorrar millones de dólares gracias a la implantación de soluciones en software libre, el Ayuntamiento de Munich (Alemania) ha conseguido un ahorro de 4 millones de euros al migrar a software libre los puestos de trabajo de los empleados municipales y hace años que el Gobierno de Francia ahorra dinero en licencias de Microsoft Office por adoptar OpenOffice (y luego LibreOffice) en los puestos de trabajo de sus funcionarios.
El importante ahorro de licencias de software se puede reinvertir en servicios o, como están haciendo en Francia, en mejorar sus herramientas y, de esta forma, contratar nuevos desarrollos. El dinero que se ahorra se reinvierte en hacer más cosas y esto, en mi opinión, sí que es gastar de manera eficiente.
¿Es necesario que un Gobierno se comporte de manera tan hipócrita? Existiendo soluciones en software libre, no sería necesario piratear ni tampoco comprar licencias y, si no existe una solución disponible, creo que es mucho mejor sentar las bases para desarrollarla, abrir el código y hacer crecer el producto antes que realizar estas inversiones que, realmente, no tienen un retorno real.
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