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Cómo las democracias pueden recuperar el poder en el mundo digital

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Por Marietje Schaake

¿Debería Twitter censurar las mentiras tuiteadas por el presidente de Estados Unidos? ¿Debería YouTube eliminar la información errónea sobre el covid-19? ¿Debería Facebook hacer más contra el discurso de odio? Estas preguntas, que surgen a diario en la cobertura de los medios, pueden hacer que parezca que el principal riesgo tecnológicamente impulsado para las democracias es la curaduría de contenido por parte de las empresas de redes sociales. Sin embargo, estas controversias son simplemente síntomas de una amenaza mayor: la profundidad del poder privatizado sobre el mundo digital.

Todos los países democráticos del mundo enfrentan el mismo desafío, pero ninguno puede resolverlo solo. Necesitamos una alianza democrática global para establecer normas, reglas y pautas para las empresas de tecnología y acordar protocolos para las actividades digitales transfronterizas, incluida la interferencia electoral, la guerra cibernética y el comercio en línea. Los ciudadanos están mejor representados cuando una coalición de sus gobiernos, en lugar de un puñado de ejecutivos corporativos, define los términos de gobierno y cuando existen mecanismos de control, equilibrio y supervisión.

Existe una larga lista de formas en que las empresas de tecnología gobiernan nuestras vidas sin mucha regulación. En áreas que van desde la construcción de infraestructura crítica y su defensa, o incluso la producción de herramientas cibernéticas ofensivas, hasta el diseño de sistemas de inteligencia artificial y bases de datos gubernamentales, las decisiones tomadas en interés de las empresas establecen normas y estándares para miles de millones de personas.

Cada vez más, las empresas asumen roles estatales o desarrollan productos que afectan los derechos fundamentales. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento facial que nunca fueron regulados adecuadamente antes de ser desarrollados e implementados ahora se utilizan tan ampliamente que roban a las personas su privacidad. Del mismo modo, las empresas recopilan sistemáticamente datos privados, a menudo sin consentimiento, una norma de la industria que los reguladores han tardado en abordar.

Dado que las tecnologías evolucionan más rápido que las leyes, aumentan las discrepancias entre la agencia privada y la supervisión pública. Tomemos, por ejemplo, las empresas de “ciudades inteligentes”, que prometen que los gobiernos locales podrán aliviar la congestión al monitorear los automóviles en tiempo real y ajustar la sincronización de los semáforos. A diferencia de, digamos, una carretera construida por una empresa de construcción, esta infraestructura digital no es necesariamente de dominio público. Las empresas que lo construyen adquieren conocimientos y valor que pueden no volver al público.

Esta disparidad entre los sectores público y privado se está descontrolando. Hay una brecha de información, una brecha de talento y una brecha informática. Juntos, estos se suman a una brecha de poder y responsabilidad. Por tanto, existe toda una capa de control de nuestra vida diaria sin legitimidad democrática y con poca supervisión.

¿Por qué debería importarnos? Porque las decisiones que toman las empresas sobre los sistemas digitales pueden no adherirse a los principios democráticos esenciales como la libertad de elección, la competencia leal, la no discriminación, la justicia y la responsabilidad. Las consecuencias no deseadas de los procesos tecnológicos, las decisiones equivocadas o los diseños impulsados ​​por el negocio podrían crear graves riesgos para la seguridad pública y la seguridad nacional. Y el poder que no está sujeto a controles y contrapesos sistemáticos está en desacuerdo con los principios fundamentales de la mayoría de las democracias.

Hoy en día, la regulación tecnológica se caracteriza a menudo como una competencia de tres vías entre los sistemas dirigidos por el estado en China y Rusia, el impulsado por el mercado en los Estados Unidos y una visión basada en valores en Europa. Sin embargo, la realidad es que solo hay dos sistemas dominantes de gobernanza tecnológica: el privatizado descrito anteriormente, que se aplica en todo el mundo democrático, y el autoritario.

El enfoque de laissez-faire de los gobiernos democráticos y su renuencia a frenar a las empresas privadas en casa también se manifiesta en el escenario internacional. Mientras que los gobiernos democráticos han permitido en gran medida que las empresas gobiernen, los gobiernos autoritarios han adoptado la forma de normas a través de foros internacionales. Este desafortunado cambio coincide con una tendencia de declive democrático en todo el mundo, a medida que grandes democracias como India, Turquía y Brasil se han vuelto más autoritarias. Sin los esfuerzos deliberados e inmediatos de los gobiernos democráticos para recuperar la dirección, los modelos de gobierno corporativo y autoritario erosionarán la democracia en todas partes.

¿Significa eso que los gobiernos democráticos deberían construir sus propias plataformas de redes sociales, centros de datos y teléfonos móviles en su lugar? No. Pero necesitan reclamar urgentemente su papel en la creación de reglas y restricciones que defiendan los principios fundamentales de la democracia en la esfera tecnológica. Hasta ahora, estos gobiernos han comenzado lentamente a hacerlo con leyes a nivel nacional o, en el caso de Europa, a nivel regional. Pero para que las empresas de tecnología de todo el mundo se pongan de pie, necesitamos algo nuevo: una alianza global que ponga la democracia en primer lugar.

Formando equipos

Las instituciones globales nacidas después de la Segunda Guerra Mundial, como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, crearon un orden internacional basado en reglas. Pero no tienen plenamente en cuenta el mundo digital en sus mandatos y agendas, incluso si muchos finalmente están comenzando a centrarse en la cooperación digital, el comercio electrónico y la ciberseguridad. Y si bien el comercio digital (que requiere sus propias regulaciones, como las reglas para el comercio electrónico y los criterios para el intercambio de datos) tiene una importancia creciente, los miembros de la OMC no han acordado reglas globales que cubran los servicios para la fabricación inteligente, las cadenas de suministro digitales y otras transacciones habilitadas digitalmente.

Lo que necesitamos ahora, por tanto, es una gran coalición democrática que pueda ofrecer una alternativa significativa a los dos modelos existentes de gobernanza tecnológica, el privatizado y el autoritario. Debe ser una coalición global, que dé la bienvenida a países que cumplan con criterios democráticos.

La Comunidad de Democracias, una coalición de estados que se creó en 2000 para promover la democracia pero que nunca tuvo mucho impacto, podría renovarse y actualizarse para incluir un mandato ambicioso para la gobernanza de la tecnología. Alternativamente, se podría establecer un “D7” o un “D20”, una coalición similar al G7 o al G20 pero compuesta por las democracias más grandes del mundo.

Tal grupo acordaría regulaciones y estándares para la tecnología de acuerdo con los principios democráticos fundamentales. Entonces, cada país miembro los implementaría a su manera, al igual que los estados miembros de la UE lo hacen hoy con las directivas de la UE.

¿Qué problemas resolvería tal coalición? La coalición podría, por ejemplo, adoptar una definición compartida de libertad de expresión para que la sigan las empresas de medios sociales. Quizás esa definición sería similar al enfoque europeo ampliamente compartido, donde la expresión es libre pero hay claras excepciones para el discurso de odio y las incitaciones a la violencia.

O la coalición podría limitar la práctica del microtargeting de anuncios políticos en las redes sociales: podría, por ejemplo, prohibir que las empresas permitan a los anunciantes adaptar y orientar anuncios en función de la religión, el origen étnico, la orientación sexual o los datos personales recopilados de alguien. Como mínimo, la coalición podría abogar por una mayor transparencia sobre el microtargeting para crear un debate más informado sobre qué prácticas de recopilación de datos deberían estar fuera de los límites.

La coalición democrática también podría adoptar estándares y métodos de supervisión para las operaciones digitales de elecciones y campañas. Esto podría significar acordar los requisitos de seguridad para las máquinas de votación, además de estándares de anonimato, pruebas de estrés y métodos de verificación, como requerir una copia de seguridad en papel para cada voto. Y toda la coalición podría acordar imponer sanciones a cualquier país o actor no estatal que interfiera con una elección o referéndum en cualquiera de los estados miembros.

Otra tarea que podría asumir la coalición es desarrollar reglas comerciales para la economía digital. Por ejemplo, los miembros podrían acordar nunca exigir que las empresas entreguen el código fuente del software a las autoridades estatales, como lo hace China. También podrían acordar la adopción de normas comunes de protección de datos para transacciones transfronterizas. Tales movimientos permitirían que se desarrollara una especie de zona de libre comercio digital en naciones con ideas afines.

China ya tiene algo similar a esto en forma de eWTP, una plataforma comercial que permite el comercio global libre de aranceles para transacciones por debajo de un millón de dólares. Pero eWTP, que fue iniciado por el gigante del comercio electrónico Alibaba, está dirigido por empresas del sector privado con sede en China. Se sabe que el gobierno chino tiene acceso a los datos a través de empresas privadas. Sin una alternativa pública basada en reglas, eWTP podría convertirse en la plataforma global de facto para el comercio digital, sin mandato ni supervisión democráticos.

Otro asunto que esta coalición podría abordar sería la seguridad de las cadenas de suministro de dispositivos como teléfonos y computadoras portátiles. Muchos países han prohibido los teléfonos inteligentes y los equipos de telecomunicaciones de Huawei por temor a que la tecnología de la compañía tenga vulnerabilidades integradas o puertas traseras que el gobierno chino podría explotar. El desarrollo proactivo de estándares conjuntos para proteger la integridad de las cadenas de suministro y los productos crearía igualdad de condiciones entre los miembros de la coalición y generaría confianza en las empresas que acuerdan cumplirlos.

La siguiente área que puede merecer la atención de la coalición es la ciberguerra y el conflicto híbrido (donde se combinan la agresión digital y física). Durante la última década, un número creciente de países ha identificado los conflictos híbridos como una amenaza a la seguridad nacional. Cualquier nación con operaciones cibernéticas altamente calificadas puede causar estragos en países que no inviertan en defensas contra ellos. Mientras tanto, los ciberataques de actores no estatales han modificado el equilibrio de poder entre los estados.

En este momento, sin embargo, no existen criterios internacionales que definan cuándo un ciberataque cuenta como un acto de guerra. Esto anima a los malos actores a atacar con muchos pequeños golpes. Además de su efecto económico o (geo) político inmediato, estos ataques erosionan la confianza en que se hará justicia.

Una coalición democrática podría trabajar para cerrar esta brecha de rendición de cuentas e iniciar un tribunal independiente para investigar tales ataques, tal vez similar a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que dictamina sobre disputas internacionales. Los líderes de la alianza democrática podrían entonces decidir, sobre la base de los fallos del tribunal, si deberían seguir las sanciones económicas y políticas.

Estas son solo algunas de las formas en que una coalición democrática global podría promover reglas que faltan en la esfera digital. Los estándares de la coalición podrían convertirse efectivamente en estándares globales si sus miembros representan una buena parte de la población mundial. El Reglamento general de protección de datos de la UE ofrece un ejemplo de cómo podría funcionar. Aunque el RGPD se aplica solo a Europa, las empresas de tecnología global deben seguir sus reglas para sus usuarios europeos, y esto hace que sea más difícil objetar ya que otras jurisdicciones adoptan leyes similares. Del mismo modo, los no miembros de la coalición democrática podrían terminar siguiendo muchas de sus reglas para disfrutar de los beneficios.

Si los gobiernos democráticos no asumen más poder en la gobernanza de la tecnología a medida que los gobiernos autoritarios se vuelven más poderosos, el mundo digital, que es parte de nuestra vida cotidiana, no será democrático. Sin un sistema de clara legitimidad para quienes gobiernan, sin controles, equilibrios y mecanismos de supervisión independiente, es imposible responsabilizar a las empresas de tecnología. Solo mediante la construcción de una coalición global para la gobernanza tecnológica, los gobiernos democráticos pueden volver a poner la democracia en primer lugar.

Marietje Schaake es directora de políticas internacionales en el Cyber ​​Policy Center de la Universidad de Stanford y miembro de políticas internacionales en el Instituto de Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en los Humanos. Entre 2009 y 2019, Marietje se desempeñó como miembro del Parlamento Europeo por el partido democrático liberal holandés.

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