El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y
protección del derecho a la libertad de opinión y expresión se encuentra
analizando las obligaciones y responsabilidades de los Estados y
empresas para cumplir con los estándares de derechos humanos respecto a
la adquisición, transferencia y uso de tecnologías de vigilancia.
Para profundizar su estudio, se abrió un llamado a contribuciones
para que diversas partes interesadas en la temática puedan aportar
conocimientos específicos sobre aspectos regulatorios que apliquen al
desarrollo, marketing, exportación, implementación o facilitación de
tecnologías de vigilancia por compañías privadas, así como también sobre
casos de uso concretos de dichas tecnologías.
La Asociación por los Derechos Civiles, junto a Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), Coding Rights (Brasil), Derechos Digitales (América Latina), Fundación Karisma (Colombia), Hiperderecho (Perú), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Brasil), IPANDETEC (Panamá) y TEDIC
(Paraguay), presentamos una contribución titulada “La adquisición y
abuso de tecnologías privadas de vigilancia en América Latina”.
Los derechos a la libertad de expresión y opinión se encuentran
íntimamente relacionados con el derecho a la privacidad, por lo que
cualquier afectación que repercuta sobre este último, tendrá también
efectos en los primeros. La vigilancia tiene el poder de provocar
efectos disuasivos, provocados por el miedo a sufrir represalias por lo
que se dice o se hace, esto puede traducirse directamente en un
ejercicio de auto-censura ante el temor de encontrarse en permanente
monitoreo o seguimiento de dichas expresiones.
El ejercicio de la vigilancia en
América Latina no se encuentra alineado con una perspectiva de derechos
humanos, que contemple mecanismos de control y salvaguardas para evitar
abusos.
El reporte da cuenta de la presencia de diversas empresas que han
alimentado el afán de los Estados de la región en incrementar el uso de
tecnologías para la vigilancia de sus habitantes.
Empresas como Verint Systems Ltd, Palantir, Rebrisa, Hacking Team,
NSO Group, Gamma Group International, IBM, Cisco y Microsoft, son
algunas de las responsables directamente por el desarrollo y
distribución de tecnologías para vigilancia y espionaje, o
indirectamente, mediante la facilitación de infraestructura para la
administración y procesamiento de las bases de datos utilizadas por los
Estados para tal fin.
Especial énfasis merecen los procesos de adquisición de las
tecnologías de vigilancia disponibles comercialmente, debido a que la
regla en América Latina fue marcada por la falta de transparencia y
procedimientos irregulares en las negociaciones y compras.
El reporte resalta diversos casos en la región, especialmente la utilización del malware
Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, por parte del
Estado mexicano contra defensores de derechos humanos y periodistas en
lo que fueron claras campañas de vigilancia ilegal.
Finalmente, las organizaciones establecemos una serie de
recomendaciones, tanto para los Estados como para las empresas del
sector privado, enfocadas en implementar y fortalecer los marcos
regulatorios para garantizar la adecuada transparencia y rendición de
cuentas en los procesos de negociación y adquisición de estas
tecnologías. Al mismo tiempo, remarcando las obligaciones que tienen las
empresas para evitar producir injerencias negativas en el ejercicio y
goce de derechos humanos.
Las contribuciones recibidas serán utilizados por el Relator para desarrollar un informe que presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de este año. El documento desarrollado por las organizaciones que integramos Al Sur puede descargarse (en inglés) del siguiente enlace.
https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/Al-Sur-The-Surveillance-Industry-and-Human-Rights.pdf
Fuente
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión se encuentra analizando las obligaciones y responsabilidades de los Estados y empresas para cumplir con los estándares de derechos humanos respecto a la adquisición, transferencia y uso de tecnologías de vigilancia.
Para profundizar su estudio, se abrió un llamado a contribuciones para que diversas partes interesadas en la temática puedan aportar conocimientos específicos sobre aspectos regulatorios que apliquen al desarrollo, marketing, exportación, implementación o facilitación de tecnologías de vigilancia por compañías privadas, así como también sobre casos de uso concretos de dichas tecnologías.
La Asociación por los Derechos Civiles, junto a Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), Coding Rights (Brasil), Derechos Digitales (América Latina), Fundación Karisma (Colombia), Hiperderecho (Perú), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Brasil), IPANDETEC (Panamá) y TEDIC (Paraguay), presentamos una contribución titulada “La adquisición y abuso de tecnologías privadas de vigilancia en América Latina”.
Los derechos a la libertad de expresión y opinión se encuentran íntimamente relacionados con el derecho a la privacidad, por lo que cualquier afectación que repercuta sobre este último, tendrá también efectos en los primeros. La vigilancia tiene el poder de provocar efectos disuasivos, provocados por el miedo a sufrir represalias por lo que se dice o se hace, esto puede traducirse directamente en un ejercicio de auto-censura ante el temor de encontrarse en permanente monitoreo o seguimiento de dichas expresiones.
El reporte da cuenta de la presencia de diversas empresas que han alimentado el afán de los Estados de la región en incrementar el uso de tecnologías para la vigilancia de sus habitantes.
Empresas como Verint Systems Ltd, Palantir, Rebrisa, Hacking Team, NSO Group, Gamma Group International, IBM, Cisco y Microsoft, son algunas de las responsables directamente por el desarrollo y distribución de tecnologías para vigilancia y espionaje, o indirectamente, mediante la facilitación de infraestructura para la administración y procesamiento de las bases de datos utilizadas por los Estados para tal fin.
Especial énfasis merecen los procesos de adquisición de las tecnologías de vigilancia disponibles comercialmente, debido a que la regla en América Latina fue marcada por la falta de transparencia y procedimientos irregulares en las negociaciones y compras.
El reporte resalta diversos casos en la región, especialmente la utilización del malware Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group, por parte del Estado mexicano contra defensores de derechos humanos y periodistas en lo que fueron claras campañas de vigilancia ilegal.
Finalmente, las organizaciones establecemos una serie de recomendaciones, tanto para los Estados como para las empresas del sector privado, enfocadas en implementar y fortalecer los marcos regulatorios para garantizar la adecuada transparencia y rendición de cuentas en los procesos de negociación y adquisición de estas tecnologías. Al mismo tiempo, remarcando las obligaciones que tienen las empresas para evitar producir injerencias negativas en el ejercicio y goce de derechos humanos.
Las contribuciones recibidas serán utilizados por el Relator para desarrollar un informe que presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de este año. El documento desarrollado por las organizaciones que integramos Al Sur puede descargarse (en inglés) del siguiente enlace.
https://adcdigital.org.ar/wp-content/uploads/2019/02/Al-Sur-The-Surveillance-Industry-and-Human-Rights.pdf
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