Software libre en las administraciones públicas

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Dijimos que no hablaríamos más de Múnich en estas páginas y como caso concreto así va a ser, porque salvo un giro inesperado de los acontecimientos la suerte está echada y el caso es realmente penoso. Sin embargo, leyendo noticias como que la marcha atrás de la ciudad alemana puede costar 100 millones de euros o más… Es inevitable no plantearse en qué mundo vivimos y es por ello que arrancamos este lunes con un recordatorio importante: ¿Dinero público? ¡Código público!

¿Alguien se imagina una infraestructura pública financiada con dinero público en manos privadas? No hace falta imaginarlo porque semejante aberración ya sucede. Pero igual que hay que luchar contra eso, hay que hacerlo contra la utilización de software privativo en el ámbito público. Los impuestos de la gente deben revertir en el beneficio de la gente y el software libre es el único que garantiza las mejores condiciones, esto es, independencia, transparencia y ahorro, pero también un incentivo para el desarrollo local.

Teniendo claro el aspecto ético, el estético se lo dejamos a los políticos avispados pero honrados, suponiendo que quede alguno, y atacamos el quid de la cuestión: la lógica. Aunque en realidad la lógica ya ha salido a relucir: apostar por software en el que no se dependa de un único proveedor, cuyo código sea transparente para la ciudadanía -entre otras ventajas- y permita un ahorro, ya es actuar con lógica.

Sin embargo, el factor ahorro es susceptible de discusión. Sin ir más lejos, el caso de Múnich ha dejado perlas en ese sentido: implementaciones no exitosas que supuestamente han terminado costando más de lo que se pretendía ahorrar, debido a la supuesta precariedad del software elegido. Todo son supuestos, porque al final todo lo que se ha echado para atrás ha sido a causa de un cambio político y, para mayor vergüenza, con base en el estudio de una consultora ligada a Microsoft.

Al contrario del lobby privativo, lo que han sostenido hasta el momento los responsables técnicos de la migración, sin ocultar los percances que hayan surgido, es que el cambio había resultado en positivo. Tras quince años de implantación sin grandes problemas, revertirlo todo -incluso el uso de formatos libres- es una vergüenza infinita no solo para el nuevo gobierno de la ciudad, sino para la propia Microsoft.

Si el caso de Múnich es penoso no es porque el software libre haya fallado, sino porque el lobby privativo ha vuelto a hacer de las suyas. No se trata de si -por poner un ejemplo- Microsoft Office es mejor que LibreOffice; se trata de si con LibreOffice es suficiente y la respuesta la sabemos todos. Y para todo lo que fallase se podría haber incentivado el desarrollo local, que a su vez incide en un beneficio universal. Pero para qué, pensará el politicucho de turno.

El software libre debería prevalecer por ética, por estética y por lógica cuando hablamos de administraciones públicas. Los individuos y las empresas pueden gastar su dinero como mejor crean conveniente. Por lo tanto, que en la Unión Europea actual el software libre no esté impuesto por ley en el ámbito público es una más de las vergüenzas de la Unión.

Es por ello que os recordamos muy especialmente si vivís en el entorno de la Unión Europea, sumaros a campañas como ¿Dinero público? ¡Código público! Que por lo menos les quede claro que cada vez somos más gente a la que no pueden seguir engañando más.

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